DESDE EL CUARTO PROPIO
Ataques a feministas
31 de julio de 2018 (20:02 h.)
Los debates sobre aborto en la región de América Latina y el Caribe; en República Dominicana y en Chile para incluir tres causales, en Bolivia para ampliar las causales y ahora en Argentina por aborto legal, seguro y gratuito, han visibilizado no solo un amplio movimiento ciudadano que ha tomado las calles para demandar el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir; sino también la tendencia de los gobiernos a reconocer la problemática del aborto clandestino e inseguro y avanzar, consecuentemente, hacia reformas legislativas.
Al mismo tiempo, estamos siendo testigos de respuestas violentas de sectores antiderechos (que se oponen a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres, población TLGB, etc). Se han registrado múltiples denuncias de ataques a mujeres que usan la pañoleta verde en Argentina, distintivo de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que son insultadas, hostigadas en las calles y en los servicios de transporte público.
En Santiago de Chile, el pasado 25 de julio, cuando miles de mujeres participaban en la 6ª Marcha por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito, tres activistas fueron atacadas y apuñaladas por encapuchados que se oponían a las manifestantes, a vista y paciencia de oficiales de la policía, que no detuvieron a los atacantes.
No cabe duda de que los avances que logran las mujeres producen reacciones del patriarcado; y el surgimiento de voces fundamentalistas que instigan al odio y la confrontación hacen de combustible para generar violencia y agresiones contra las mujeres que defienden sus derechos.
Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos de la región han alertado sobre la presencia de discursos que promueven el odio contra las activistas que se manifiestan, no solo en las calles sino también en las redes sociales, y han rechazado las manifestaciones de violencia en contra de defensoras de los derechos de las mujeres.
Las activistas han optado por expresar apoyo a sus ideas en las calles, demandando al Estado una respuesta pronta a problemáticas complejas como la del aborto. Los estados deben garantizar las condiciones básicas de seguridad para las manifestaciones pacíficas como parte de los derechos ciudadanos y asegurar que similares agresiones no vuelvan a ocurrir. La violencia contra el que piensa diferente es la peor forma de intolerancia.
Al mismo tiempo, estamos siendo testigos de respuestas violentas de sectores antiderechos (que se oponen a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres, población TLGB, etc). Se han registrado múltiples denuncias de ataques a mujeres que usan la pañoleta verde en Argentina, distintivo de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que son insultadas, hostigadas en las calles y en los servicios de transporte público.
En Santiago de Chile, el pasado 25 de julio, cuando miles de mujeres participaban en la 6ª Marcha por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito, tres activistas fueron atacadas y apuñaladas por encapuchados que se oponían a las manifestantes, a vista y paciencia de oficiales de la policía, que no detuvieron a los atacantes.
No cabe duda de que los avances que logran las mujeres producen reacciones del patriarcado; y el surgimiento de voces fundamentalistas que instigan al odio y la confrontación hacen de combustible para generar violencia y agresiones contra las mujeres que defienden sus derechos.
Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos de la región han alertado sobre la presencia de discursos que promueven el odio contra las activistas que se manifiestan, no solo en las calles sino también en las redes sociales, y han rechazado las manifestaciones de violencia en contra de defensoras de los derechos de las mujeres.
Las activistas han optado por expresar apoyo a sus ideas en las calles, demandando al Estado una respuesta pronta a problemáticas complejas como la del aborto. Los estados deben garantizar las condiciones básicas de seguridad para las manifestaciones pacíficas como parte de los derechos ciudadanos y asegurar que similares agresiones no vuelvan a ocurrir. La violencia contra el que piensa diferente es la peor forma de intolerancia.