Cochabamba, martes 23 de octubre de 2018
COLECTIVO TELARTES

Cotización política de la Cultura

| Abogado, experto en legislación cultural, miembro del Consejo de TELARTES amar2347@gmail.com | 30 jul 2018 | Ed. Imp.

La cultura devenida en derechos culturales tiene rango constitucional desde la Constitución Bolivariana, por lo que el Estado debe promoverlos, protegerlos y respetarlos. No obstante, su ejercicio y goce ciudadano, por un lado, y la disposición estatal para garantizarlos, por el otro, tienen un movimiento pendular y de ritmo variable. Entonces, ¿de qué depende que tal o cual derecho adquiera mayor relevancia o decaiga hasta el ostracismo en la gestión púbica? Pues, precisamente, de la cotización política que asignen a los derechos constitucionales, donde “unos son más iguales que otros” a despecho del propio texto supremo.

El movimiento cultural, al influjo de la Constitución de 2009 y la pregonada revolución cultural, ha posicionado un debate abierto y activo frente al gobierno y algunos municipios. Es un esfuerzo titánico e infértil, salvo escasísimos momentos de sincronía entre demanda ciudadana y disposición política del interlocutor público.

El valor que los servidores públicos le asignan a los derechos culturales es menor que cero. El Ministerio de Culturas y Turismo es eficaz cabeza de sector por la absoluta ausencia de políticas culturales, valoración que comparten y emulan todos los niveles subnacionales y universidades, excepción que debe hacerse con la Ley Municipal 265 de La Paz que, sin embargo, no atina a iniciar la descentralización establecida en la norma. De no hacerlo, será el segundo capítulo de la Ordenanza Municipal 3900 de Cochabamba, analizada lúcidamente en la anterior entrega de esta columna.

Un derecho constitucional garantiza al ciudadano su goce y disfrute, en contrapartida el Estado en todos sus niveles queda obligado a presupuestar suficientemente, organizar la logística legal, administrativa y operativa, precisamente para que el mandato constitucional se cumpla, sin mediaciones ni condiciones.

Es muy extendida la engañifa pseudoteórica que esgrime: “los postulados constitucionales” corresponden al “deber ser” o “a la aspiración de una sociedad”; como suficiente argumento para ejecutar los mandatos constitucionales “a la carta”, siguiendo —y, aquí, el campo del conflicto— la personalísima valoración axiológica que de tal o cual derecho tenga el ocasional decisor.

Los colectivos y movimientos culturales no han arriado sus banderas irrenunciables. La primera reza: “Garantizar el ejercicio de los Derechos Culturales y los principios de autodeterminación, intra e interculturalidad, descolonización, despatriarcalización y transformación social”. Para los actores culturales, el ejercicio de sus derechos no puede ser una limosna.



Tags: Cultura,política,Cotización

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