La abogada Jalit Mariño Cárdenas, representante legal de Daniela Elia Illanes San Martín,  presentó el 27 de marzo ante la comisión de fiscales el pedido de ampliación, por entender que hay suficientes elementos de prueba, pero hasta la fecha no se conoce una resolución de la Fiscalía de La Paz.

Los 14 mineros fueron imputados por tenencia y portación ilícita de armas, atentado contra bienes públicos, atentado contra miembros de seguridad del Estado, lesiones graves, leves, además de atentados contra la seguridad de servicios públicos.

Sin embargo la defensa considera que no se tomó en cuenta que el 10 de agosto de 2016, los cooperativistas hicieron volar un cerro con dinamita dejando 52 personas heridas y decenas de policías en calidad de rehenes.

Argumenta también que autoridades de Gobierno revelaron un plan golpista, al movilizar una intensa cantidad de explosivos para neutralizar el avance de los efectivos policiales, provocar bajas y luego trasladarse hasta La Paz para realizar la toma de varias instituciones.

Señala que en la declaración ampliatoria del 8 de marzo de 2018, Josué Cari Cari y el Informe Defensorial se establece el uso de dinamitas de parte de los cooperativistas mineros, para atentar con los medios de transporte, activando agentes explosivos, creando pánico y zozobra en la población y lo que es peor atentando contra la vida de una autoridad  de Estado que fue asesinado por cooperativistas mineros.

Asimismo pide ampliar la investigación por el delito de terrorismo, robo agravado, organización criminal y asesinato contra Erasmo Arapaya Pilco, Margarita Condori Cala, José Velasco, Jesús Aldunate, Eloy Copari, Eloy Baldivieso Choque.

También solicitaron citar en calidad de testigos al ministro de Minería Cesar Navarro y al director de radio Fedecomin Moisés Flores para que éste último diga en qué circunstancias encontró al viceministro Illanes.

En un memorial del 23 de mayo, reitera la ampliación y en letras grandes - para llamar la atención-  pide a la Fiscalía derivar su solicitud a la Unidad de Análisis para el respectivo sorteo y la asignación de otros fiscales investigadores, advirtiendo que se oponen a todo tipo de manipulación política para evitar que los autores queden en la impunidad.