Nuestros compañeros a bordo del Aquarius recibieron como un mazazo las conclusiones de la cumbre europea sobre migración. "Estamos indignados porque los líderes europeos ignoran y se despreocupan de los cuerpos que flotan en el mar", afirmaba en Marsella David Beversluis, médico de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el barco de rescate.

Y su reacción es lógica porque lo único en lo que parecen haberse puesto de acuerdo en el Consejo Europeo es en dejar en los umbrales del territorio de la UE a miles de personas sin importarles cuán vulnerables son, ni de qué terribles crisis huyen. Solo hay dos opciones para estas personas: permanecer atrapadas en Libia o morir en el mar. Más que una elección, es una condena.

La ciega obsesión de los Gobiernos europeos por mantener lejos de sus costas a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo convierte a estas personas en meras mercancías, cuando lo prioritario ahora es cumplir con el derecho internacional y evitar que sigan ahogándose en el mar.

La cifra de víctimas mortales en 2018 supera el millar por quinto año consecutivo y junio, coincidiendo con los cierres de los puertos italianos, ha sido el mes más letal de lo que llevamos de año. Desde el último rescate del Aquarius, el 8 de junio, más de 500 personas han perdido la vida en el Mediterráneo central.

Estos últimos naufragios coinciden con otra deriva dramática: las embarcaciones de las ONG han sido excluidas de las operaciones de rescate. La actuación de Italia, con el cierre de sus puertos a las organizaciones de ayuda, y la complicidad de la UE están eliminando capacidades de salvamento allí donde son más necesarias y expulsando de facto a testigos incómodos de las aguas internacionales frente a Libia.

La UE está caminando en dirección contraria a lo que dictarían la lógica y la humanidad: el incremento de las operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central. Las autoridades europeas deben poner las vidas humanas en primer lugar y asumir una responsabilidad compartida para fortalecer la capacidad de salvar vidas. Y deben hacerlo tal y como establece una legislación internacional, que obliga a que las personas rescatadas sean llevadas al puerto seguro más cercano. Y, hoy por hoy, Libia no es un lugar seguro.

Todos los rescatados por MSF han pasado por ese país. Como Ibrahim, un joven senegalés de 24 años y una de las 630 personas que desembarcaron en Valencia. Ibrahim tiene un hermano en Italia y otro enterrado en Libia, Malik. Murió a los 27 años, malherido tras las palizas y torturas que le propinaron en Libia sus secuestradores, que cobraron el rescate que pagó la familia desde Dakar. El joven falleció a los pocos días de ser liberado.

Ibrahim salió de Senegal y llegó a Libia tras cruzar Mali, Burkina Faso y Níger. Un periplo similar al de la mayoría de los subsaharianos. Una travesía con el peaje impuesto en Libia en forma de abusos, extorsión, trabajos forzados y detenciones en condiciones inhumanas. Casi todos nos cuentan que han sido testigos de actos de violencia extrema: palizas, violencia sexual, torturas e incluso asesinatos. Y nuestros médicos en el barco ven las cicatrices en los cuerpos y perciben el tormento de sus almas.

Una de las zonas donde trabajamos en Libia es Bani Walid. Allí, cada mes entregamos bolsas para cadáveres a una ONG local que desea dar un entierro digno a los migrantes y refugiados que se encuentran sin vida.

Tomado de la agencia EFE