Guery García Iriarte, el militar cuestionado por ocupar un cargo público pese a sus antecedentes de violencia, presentó su renuncia luego de amenazar a la red ATB con procesos penales si no suspendía la difusión de información que, desde su perspectiva, le daba “muerte civil”. 

Horas después, vía WhastApp, circuló una carta de García presentando su renuncia irrevocable como director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Quillacollo, fechada el viernes 13 de julio.

Este diario llamó al jefe municipal de Personal, Gerson Escalera, para verificar la autenticidad del documento, y este explicó que no lo había recibido en su despacho. Sin embargo, tras efectuar una llamada telefónica, constató que la carta de García ingresó por Ventanilla Única la tarde del viernes. “No ha llegado a mis manos aún, pero el lunes a primera hora lo revisaré. El documento es real”, sostuvo.

La noticia de que un militar que mató a tiros a una mujer en 2014 había sido nombrado como director de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía de Quillacollo motivó el repudio de al menos una treintena de instituciones que conforman la Red Departamental contra la Violencia, y de cientos de ciudadanos que se expresaron a través de las redes sociales.

La Red presentó el viernes un voto resolutivo exigiendo la destitución inmediata de Guery García, recordándole al alcalde interino de Quillacollo, Zacarías Jayta, que la Ley 348 establece en el artículo 13 que un requisito inexcusable para ocupar un cargo como funcionario público, es que no tenga antecedentes por delitos de violencia.

Cecilia Cossío de la Oficina Jurídica para la Mujer; Julia Valdivia del colectivo NiUnaMenos; y Ángela Nogales de Mujeres de Fuego, advirtieron con movilizaciones de protesta frente a la Alcaldía de Quillacollo hasta que la máxima autoridad las reciba.

Además, anunciaron que exigirán ante el Ministerio de Justicia una auditoría jurídica del proceso penal contra Guery García, pues consideran que hubo una manipulación para favorecerlo con una tipificación del delito que no se ajusta a las normas en vigencia.

LOS HECHOS El 6 de diciembre de 2014, Guery García estaba en una de las viviendas militares de Cotapachi consumiendo bebidas. Hubo una pelea entre camaradas y García fue golpeado. El hombre se fue a su casa a sacar un arma de fuego, y volvió al domicilio de su camarada. Tocó a la puerta y le abrió Sofía Chuquimia, la esposa de su camarada. Al verlo armado, ella cerró la puerta y él empezó a disparar a quemarropa. Chuquimia perdió la vida y Leslie Cuéllar, embarazada, resultó herida. Guery García fue aprehendido y presentado por el entonces ministro de la Presidencia, Jorge Pérez, quien prometió justicia.

En 2014, ya estaba en vigencia la Ley 348 y García debía ser procesado por feminicidio, pero fue imputado por homicidio por emoción violenta (que ya no se aplica), se acogió a un juicio abreviado y le dieron dos años de cárcel que no cumplió porque se benefició de la suspensión condicional de la pena. Sin embargo, cuenta con una sentencia y no puede ser funcionario público, según la norma.

Guery García era teniente del Ejército cuando ocurrió el hecho. Cuando se le consultó a la comunicadora de la Alcaldía quién era el director de Seguridad Ciudadana, ella respondió: “el capitán Guery García”. La Red contra la Violencia cuestionó que no haya sido dado de baja, y que incluso haya sido ascendido al grado de capitán tras el crimen cometido. El general Raúl Hurtado, de la Séptima División, explicará la situación de García este lunes.