Luego que se conociera que el Fiscal Departamental de La Paz desistió del proceso en contra de ocho procesados por los delitos penales en la constitución del capital accionario de Quiborax, que permitió el arbitraje en contra de Bolivia, el diputado Wilson Santamaría anunció una querella contra el fiscal Edwin Blanco.
"Lo que vamos a evaluar es iniciar una acción penal en contra del fiscal departamental, Edwin Blanco y los fiscales que han sido parte de este proceso que ha terminado beneficiando a una transnacional chilena. Con claridad han incurrido en incumplimiento de deberes y resoluciones contra la Constitución", sostuvo el legislador.
Santamaría exigió que el fiscal Blanco devele quién le ordenó el desistimiento del proceso contra quienes eran acusados de falsificación de documentos para la constitución del capital accionario de la empresa Non Metallic Minerals-Quiborax y que permitió el inicio de una demanda en el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
"Quién le ordenó al fiscal que haga ese retiro, esta es la prueba clara que aquí hay fiscales que obedecen las instrucciones de ministros y aquí hay ministros que tienen más poder que el Órgano Judicial y el Ministerio Público", cuestionó el diputado.
Sobre el tema, el fiscal Blanco no quiso dar mayores detalles y solo atinó a decir en una breve declaración que "los fundamentos son públicos, no vamos a entrar a un juego de especulación".
El Estado terminó pagando por 42,6 millones de dólares a la empresa chilena, la que en Bolivia invirtió menos de un millón de dólares.
El 5 de junio de este año, el Fiscal de Distrito de La Paz firmó el memorial en el que retira la acusación penal contra ocho acusados de la empresa Non Metallic Minerals- Quiborax, entre ellos el chileno Allan Fosk Kaplun, acusados por el delito de falsificación.
"El fiscal departamental de La Paz autoriza que se retire la acusación N JCGA/18/2015 del 7 de julio de 2015 presentada por el fiscal de materia Julio César Guerrero y Leopoldo Ramos en el proceso penal que se sigue a estas personas", señala el documento publicado por El Deber.
Las ocho personas eran acusadas por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes y estafa. Hace un mes el fiscal Blanco firmó el documento de desistimiento, el argumento es que esta institución puede desistir en el marco de sus atribuciones.
Pero el diputado Santamaría refutó este argumento, "el Ministerio Público tiene la obligación de defender los intereses del Estado y de la población y de seguir con la persecución penal", no podía desistir de un caso en el que estaban comprometidos "nuestros intereses", protestó.
"Yo presumo que lo, en realidad, hay aquí es una colisión extraña entre abogados internacionales y algunos malos funcionarios de Gobierno para beneficiar a una transnacional chilena", afirmó Santamaría.
Asimismo, cuestionó el silencio de la Autoridad de Empresas, que era parte querellante en el proceso. "¿Por qué no abrió la boca hasta ahora? Era su obligación continuar con las acciones ante los delitos en los que incurrieron miembros de la empresa chilena", manifestó.
El expresidente y vocero de la causa marítima Carlos Mesa reveló que en el caso Quiborax existieron retiros de acusaciones y sobreseimientos a favor de Allan Fosk y otros ocho coprocesados en el juicio penal por falsificación del capital accionario que permitió el ilegal arbitraje en contra de Bolivia.
El exmandatario advierte la falta de diligencia del Ministerio Público, especialmente a la hora de convocar a "testigos clave" como Dante Segales que podía haber aportado varios elementos vinculados a los procesos en el marco del litigio.
"Dante Justiniano Segales, que podía haber aportado elementos de juicio importantísimos sobre la redacción conjunta entre abogados y personeros chilenos de las empresas demandantes y funcionarios de la Procuraduría de proyectos de acuerdos económicos, retiros de acusaciones y sobreseimientos a favor de Allan Fosk y otros ocho coprocesados, en el juicio penal por falsificación del capital accionario que permitió la realización ilegal del arbitraje en contra de Bolivia", establece Mesa en el memorial dirigido al Tribunal Supremo de Justicia para que anule la proposición acusatoria de juicio en contra del exmandatario.