ABAJO Y A LA IZQUIERDA
Función social de la propiedad urbana
22 de junio de 2018 (18:30 h.)
A medida que se incrementa la población en las ciudades, ya sea fruto de procesos de migración o crecimiento vegetativo, crecen los problemas generando esta explosión demográfica: falta de suelo para vivienda, degradación ambiental, escasez de servicios básicos, transporte, violencia e inseguridad, entre otros.
La escasez de suelo urbanizable y elevado costo de los terrenos, han hecho inaccesible el goce del derecho a la vivienda para la mayor parte de la población, entre los que se encuentran particularmente mujeres, indígenas y adultos mayores; desplazándolos hacia las periferias, donde amparados en la informalidad pueden construir una vivienda precaria sin contar con un título de propiedad.
Es un círculo negativo donde la vulnerabilidad social y económica terminan generando segregación socio espacial y marginalidad, mientras que en la otra cara de la moneda vemos acumulación de tierras ociosas: lotes de engorde que no cumplen ninguna función, equipamiento e infraestructura pública sobresaturada de demanda, densificación a través de construcciones en altura en zonas de alto costo de suelo, multiplicando el valor del terreno verticalmente; perdiendo con ello calidad de vida: sol, paisaje, áreas verdes, etc.
Ante esta situación, Brasil creó el Estatuto de la ciudad que reconoce el derecho a la ciudad como un derecho colectivo, creando espacios de gestión participativa de las ciudades, y estableciendo instrumentos legales, urbanísticos y financieros como el cobro de una sobretasa a la propiedad vacante o subutilizada como factor de desincentivo del acaparamiento de tierras con fines de especulación, la creación de Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS), destinadas a la construcción de vivienda social para reducir la marginalidad, la Concesión de Uso Especial con fines de Morada (CUEM) o las cotas de solidaridad en nuevas construcciones.
Vivimos los efectos de la falta de regulación y la exacerbación del carácter individualista del derecho a la propiedad, por ello es importante que el derecho administrativo contraponga la función social y ambiental, imponiendo restricciones al ejercicio abusivo del derecho individual, velando por el bienestar colectivo, es decir, que se debe dar un paso fuerte en la planificación urbana a través de la intervención en el mercado inmobiliario para garantizar ciudades sustentables e incluyentes, con acceso a vivienda digna para todos.
La escasez de suelo urbanizable y elevado costo de los terrenos, han hecho inaccesible el goce del derecho a la vivienda para la mayor parte de la población, entre los que se encuentran particularmente mujeres, indígenas y adultos mayores; desplazándolos hacia las periferias, donde amparados en la informalidad pueden construir una vivienda precaria sin contar con un título de propiedad.
Es un círculo negativo donde la vulnerabilidad social y económica terminan generando segregación socio espacial y marginalidad, mientras que en la otra cara de la moneda vemos acumulación de tierras ociosas: lotes de engorde que no cumplen ninguna función, equipamiento e infraestructura pública sobresaturada de demanda, densificación a través de construcciones en altura en zonas de alto costo de suelo, multiplicando el valor del terreno verticalmente; perdiendo con ello calidad de vida: sol, paisaje, áreas verdes, etc.
Ante esta situación, Brasil creó el Estatuto de la ciudad que reconoce el derecho a la ciudad como un derecho colectivo, creando espacios de gestión participativa de las ciudades, y estableciendo instrumentos legales, urbanísticos y financieros como el cobro de una sobretasa a la propiedad vacante o subutilizada como factor de desincentivo del acaparamiento de tierras con fines de especulación, la creación de Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS), destinadas a la construcción de vivienda social para reducir la marginalidad, la Concesión de Uso Especial con fines de Morada (CUEM) o las cotas de solidaridad en nuevas construcciones.
Vivimos los efectos de la falta de regulación y la exacerbación del carácter individualista del derecho a la propiedad, por ello es importante que el derecho administrativo contraponga la función social y ambiental, imponiendo restricciones al ejercicio abusivo del derecho individual, velando por el bienestar colectivo, es decir, que se debe dar un paso fuerte en la planificación urbana a través de la intervención en el mercado inmobiliario para garantizar ciudades sustentables e incluyentes, con acceso a vivienda digna para todos.