Las metas que tienen los bancos para llegar, hasta fin de año, al 60 por ciento de su cartera en créditos al sector productivo y vivienda social ha impulsado el crecimiento de ambas carteras, en especial de la de vivienda social, que en un año ha crecido un 42 por ciento desde 12.000 millones de bolivianos a 17.000 millones de bolivianos, estas cifras equivalen a que en un año se han financiado aproximadamente 50.000 nuevas viviendas. Esta expansión del crédito hipotecario tiene su explicación por el déficit habitacional existente (se estima en 500.000) y las condiciones que ofrece el sistema financiero con bajas tasas de interés (5.5 por ciento a 6.5 por ciento ) y a largo plazo (20 a 25 años). La mayoría de estas nuevas viviendas son destinadas a satisfacer las necesidades habitacionales de las familias y nuevos hogares. El sueño de tener una casa propia, ahora, es posible gracias a esta coyuntura financiera. Muchas parejas hoy, que están unidas o no en matrimonio, han optado por este beneficio dejando de lado los alquileres o la modalidad del anticrético porque sumando sus ingresos les alcanza para pagar las cuotas del crédito hipotecario.

Este beneficio que ofrece la banca en el crédito de vivienda, en cuanto a tasas y plazos, debería ser analizada con más cuidado por las parejas midiendo los riesgos que están implícitos en un proyecto de largo plazo. Porque no todo es “color de rosa”, más aún cuando acaba el amor y la presión financiera resulta un conflicto adicional a lo emocional que atraviesan las parejas cuando tienen que optar por el divorcio o separación que no son de mutuo acuerdo.

Según datos del Servicio de Registro Cívico (Sereci), en Bolivia, en 2014 había 27 divorcios por día, en 2015 subió a 39 divorcios por día y en 2016 esa cifra había subido a 47. Haciendo una proyección simple, hoy podríamos estar con unos 80 divorcios por día. Por otro lado, según un informe del Comité Pro Familia, al 2014 siete de cada 10 matrimonios terminan en divorcios en nuestro país. Estas alarmantes cifras deberían ser una preocupación para la sociedad desde el punto de vista social, económico y financiero, porque si en una sociedad no existe estabilidad en el vínculo sentimental los conflictos emocionales se ven agravados por el vínculo financiero, tomando en cuenta que las parejas se separan, pero el crédito no.

A este estado de cosas si sumamos la variable de una crisis inmobiliaria, como sucedió hace unos años en nuestro país, el problema se vería amplificado porque las viviendas bajan de precio, pero el crédito no disminuye y mantiene los valores originales de la deuda contratada. Entonces, las parejas quedan atrapadas con una deuda muy complicada de ser pagada y sin poder deshacerse de la vivienda porque se dificulta la venta de inmuebles. Esta problemática tiene varias aristas y actores: la pareja, las instituciones financieras y los reguladores. Por eso, su tratamiento requiere de políticas y estrategias que midan este riesgo y analicen los posibles escenarios ante una crisis inmobiliaria. Mientras, las parejas deberían no solo ver los beneficios de contratar un crédito hipotecario, sino también los riesgos legales y económicos que esto implica. Además, y, en lo posible, tener un acuerdo de que si pasa lo peor, sepan como se repartirán las obligaciones bancarias y los beneficios de vender o mantener esa propiedad. Los bancos tienen la obligación, dentro de su programa de educación financiera, de avisar los pormenores legales y financieros de lo que representa firmar un contrato hipotecario y cuales serán las medidas de cobranza y ejecución en caso del desastre.