El director del Comité de Lucha Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, Leoncio Gutiérrez, informó el jueves que en el país se registran, en promedio, 220 denuncias por discriminación y racismo al año.
"Desde la promulgación de la ley (de Lucha Contra el Racismo y toda forma de Discriminación) hay un empoderamiento de denunciar, por lo que hay un promedio de 220 casos por gestión de los cuales no todos terminan con sanción", dijo a la ABI.
En 2010, a raíz de los vejámenes que sufrió un grupo de campesinos en la ciudad de Sucre dos años antes cuando fueron golpeados y obligados a ponerse de rodillas, el Gobierno aprobó la Ley 045 de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación para erradicar esas prácticas.
Así también se declaró día de la lucha contra el racismo el 24 de mayo, que desde 2011 se celebra cada año, para concienciar a la población sobre la necesidad de eliminar las actitudes racistas y discriminatorias.
Gutiérrez explicó que de las 220 denuncias recibidas anualmente al menos 50 terminan con una sanción en la vía administrativa, mientras que las demás pasan a la conciliación y a la vía penal.
Señaló que desde 2010, cuando se promulgó la ley de lucha contra el racismo, hasta abril de esta gestión se registraron en el país más de 1.500 casos, de los que en su mayoría son agresiones verbales por la apariencia e instrucción, como también actos de discriminación contra adultos mayores.
"Tenemos la evidencia de que el mayor porcentaje de hechos de discriminación siguen ocurriendo en el ámbito educativo, luego están las instituciones como los ministerios y gobernaciones, entre otros", acotó.
Recordó que la ley de 2010 establece penas de uno a siete años de privación de libertad, dependiendo del tipo de delito y la gravedad.
Manifestó que en 2017 la Fiscalía General del Estado remitió un informe en el que señaló que de todos los casos registrados en casi ocho años 340 denuncias llegaron al ámbito penal y se prevé que en los próximos días se requerirá un informe para saber cuántos tienen sentencia ejecutoriada.
"Estoy hablando de discriminación, racismo, incitación al racismo que ya requiere la intervención de un fiscal, es decir del Ministerio Público los cuales tienen plazos procesales", mencionó.
Agregó que de las 16.000 unidades educativas que existen en el país al menos 10.000 ya cuentan con su reglamento interno adecuado a la Ley 045, por lo que se prevé que hasta octubre todas cuenten con lo que establece esta norma, previo a la firma de un acuerdo de compromiso con los directores.