FALLO DEL CIADI A FAVOR DE LA EMPRESA
Bolivia tendrá que pagar $us 48 millones a Quiborax
La solicitud boliviana para anular el laudo favorable a la firma chilena fue desestimado. La demanda fue por la reversión de concesiones mineras.
23 de mayo de 2018 (20:38 h.)
El tribunal del procedimiento de anulación del laudo del arbitraje entre la minera no metálica chilena Quiborax y Bolivia, administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), resolvió desestimar por completo la solicitud boliviana. Con esta resolución se puso fin a la suspensión de la ejecución y Bolivia tendrá que pagar los más de 48 millones de dólares de indemnización por la expropiación de concesiones mineras en 2004, según el portal chileno Estrategia.
El comité ad hoc formado del organismo dependiente del Banco Mundial, como consecuencia de la presentación del procedimiento de anulación por parte del Gobierno boliviano lo conformaron el español Andrés Rigo, el guatemalteco Milton Estuardo Argueta Pinto y el sueco Christer Söderlund.
En 16 septiembre de 2015, el tribunal del procedimiento Quiborax-Bolivia, administrado por el Ciadi, decidió a favor de la compañía chilena concediéndole una indemnización de 48.619.578 dólares. Sin embargo, el 23 de septiembre Bolivia pidió la anulación del laudo.
Según La Tercera, es la primera vez una empresa chilena consigue un fallo favorable en el Ciadi.
La minera no metálica Quiborax, ligada a la familia Fosk, ganó un juicio internacional contra Bolivia en 2015 por prácticas ilegales y discriminatorias.
El Ciadi decidió “desestimar en su totalidad la solicitud de anulación” que exigía Bolivia contra la empresa de capitales chilenos.
Con ello, el organismo internacional también puso término a la suspensión de la ejecución del laudo.
El estudio Bofill, Mir & Alvarez y Jana, representante de Quiborax, afirmó que, además de los 48.6 millones, se deberá pagar los intereses que comenzaron a correr desde julio de 2013 hasta la fecha en que se concrete el pago total, entre otras costas.
La Procuraduría General del Estado boliviano presentó los alegatos para solicitar la anulación del laudo arbitral iniciado por Quiborax S.A. y Non MetallicMinerals contra el Estado por la reversión de concesiones mineras en 2004. Según la Procuraduría, se confirmaron serias vulneraciones al debido proceso, extralimitación manifiesta de las facultades por el Tribunal que emitió el laudo y falta de motivación de las razones que fundaron el mismo.
Decreto 27589
El comité ad hoc formado del organismo dependiente del Banco Mundial, como consecuencia de la presentación del procedimiento de anulación por parte del Gobierno boliviano lo conformaron el español Andrés Rigo, el guatemalteco Milton Estuardo Argueta Pinto y el sueco Christer Söderlund.
En 16 septiembre de 2015, el tribunal del procedimiento Quiborax-Bolivia, administrado por el Ciadi, decidió a favor de la compañía chilena concediéndole una indemnización de 48.619.578 dólares. Sin embargo, el 23 de septiembre Bolivia pidió la anulación del laudo.
Según La Tercera, es la primera vez una empresa chilena consigue un fallo favorable en el Ciadi.
La minera no metálica Quiborax, ligada a la familia Fosk, ganó un juicio internacional contra Bolivia en 2015 por prácticas ilegales y discriminatorias.
El Ciadi decidió “desestimar en su totalidad la solicitud de anulación” que exigía Bolivia contra la empresa de capitales chilenos.
Con ello, el organismo internacional también puso término a la suspensión de la ejecución del laudo.
El estudio Bofill, Mir & Alvarez y Jana, representante de Quiborax, afirmó que, además de los 48.6 millones, se deberá pagar los intereses que comenzaron a correr desde julio de 2013 hasta la fecha en que se concrete el pago total, entre otras costas.
La Procuraduría General del Estado boliviano presentó los alegatos para solicitar la anulación del laudo arbitral iniciado por Quiborax S.A. y Non MetallicMinerals contra el Estado por la reversión de concesiones mineras en 2004. Según la Procuraduría, se confirmaron serias vulneraciones al debido proceso, extralimitación manifiesta de las facultades por el Tribunal que emitió el laudo y falta de motivación de las razones que fundaron el mismo.
“Las vulneraciones al debido proceso llevaron a la emisión de un laudo arbitral en el que una pequeña transferencia de dinero tuvo un rendimiento ¡superior a 12.000 por ciento ! Esto refleja una evidente distorsión del sistema de protección de inversiones, la formalización del abuso del derecho”, argumentó el procurador Pablo Menacho, citado por Página Siete.
Decreto 27589
La controversia surgió durante la gestión del presidente Carlos D. Mesa, que aprobó el Decreto 27589 que anuló 11 concesiones mineras.
