Hecha la ley, hecha la trampa. Así se describen popularmente los intentos normativos para transformar algunos comportamientos y prácticas. Es nuestra forma de reconocer que en cuanto hacemos una ley con determinado objetivo, inmediatamente surgirá una reacción para desconocerla, evitarla o simplemente ignorarla.

Al menos para las mujeres, esta es la triste realidad. Hemos celebrado el abundante marco normativo que promueve la participación de las mujeres y que nos ha permitido alcanzar o acercarnos a la paridad en los legislativos, en el nivel nacional, departamental y municipal; pero, al mismo tiempo, hemos presenciado todos los intentos por torcer la normativa y evitar su cumplimiento. Recordamos todavía a los llamados candidatos “travestis”, hombres que se registraron como mujeres en el proceso electoral para lograr cubrir las cuotas de género y que solo fueron descubiertos al recibir sus credenciales y nada se podía hacer. Más allá de la anécdota, el hecho forzó a redoblar esfuerzos en el sistema informático del Tribunal Supremo Electoral para evitar que vuelva a suceder. Y a pesar de que siguen tratando, el sistema ya no permite a los partidos forzar o trampear en las listas.

Otra de las maniobras surgidas en el último tiempo, y que constituye una forma generalizada de violencia y acoso político es la firma de acuerdos entre candidatas titulares y sus candidatos suplentes, que distorsiona el principio de la alternancia, bajo la denominación de “gestión compartida”. El fenómeno se expresa a mitad de gestión, cuando los hombres suplentes ejercen presión (chantaje, amenazas y otras formas diversas) contra las titulares, exigiendo que renuncien para poder ejercer la titularidad. El fenómeno no opera en sentido contrario, pues también existen mujeres suplentes, pero que no tienen las posibilidades de ejercer poder, presión y obligarlos a renunciar a su titularidad.

El Tribunal Supremo Electoral ha registrado entre enero y abril más de 65 renuncias, a la vista y paciencia de los partidos políticos que toleran y encubren este tipo de conductas. Nos acercamos rápidamente al proceso electoral y, nuevamente, debemos difundir que firmar cualquier tipo de acuerdo de gestión compartida es una vulneración de derechos, y que se enmarca en lo que ya conocemos como acoso y violencia política contra las mujeres.