Por decisión de la Gobernación de Potosí, los mineros que trabajan por encima de los 4.400 metros en el histórico cerro deberán dejar esta zona, para salvaguardar la estructura del coloso, que alcanza cerca de 4.800 metros sobre el nivel del mar.

Esta medida intenta evitar nuevos hundimientos que afecten a la forma cónica de la montaña, como los producidos en 2010 y 2017, cuando el cráter se hundió unos 60 metros.

El Ministerio de Culturas y Turismo, en un comunicado, explicó que el objetivo es sacar de esta lista a lugares protegidos, como el Cerro Rico y sitios coloniales de la ciudad conocida como Villa Imperial.

El Gobierno boliviano ya intentó solucionar el problema en 2014 con la reubicación de mineros.