La especialista en temas energéticos de la Fundación Jubileo Sandra Sánchez, en entrevista con ANF, señaló que en el país se cuenta con 26 áreas de exploración hidrocarburífera situadas en bloques compartidos, lo cual puede generar futuros conflictos entre los departamentos, si no se aplica correctamente criterios técnicos, antes que políticos.

"Los bloques son áreas de contrato que están dispersos en todo el país; ejemplo, el bloque Río Beni está entre Beni, Pando y La Paz y cuando la empresa empieza a explorar a medida que va explorando va devolviendo el territorio, y al final de los siete años de exploración debe definir con qué lugar se va a quedar, informar si el campo tiene varios reservorios", explicó.

El bloque Nueva Esperanza es compartido por La Paz y Beni; Sena, Bella Vista, Santa Rosa y Enero por La Paz y Beni; Lliquimuni por La Paz y Cochabamba; Toledo por La Paz y Oruro; Garci Mendoza, Río Mulato por Oruro y Potosí; Sécure zona 20 por La Paz y Beni y San Ignacio por Beni y Santa Cruz.

Del mismo modo El Chore, Puerto Grether, Azero, Iñau, Carohuaicho 8 D y Vitacua so bloques compartidos por Santa Cruz y Cochabamba; Aguaragüe Norte por Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija; Boyuibe, Yoai y Miraflores por Chuquisaca y Santa Cruz; Carandaiti por Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija; además de Isipote, San Martín y Huacareta por Tarija y Chuquisaca.

La investigadora Sandra Sánchez afirmó que el reglamento para determinar la existencia o no de los reservorios compartidos entre dos o más departamentos, así como la determinación y aplicación del factor de distribución del 22 de agosto de 2012, permite establecer un procedimiento técnico y administrativo para los casos de bloques compartidos y resolver posibles conflictos por la propiedad de un determinado reservorio. 

En ese marco cuestionó que en medio del conflicto por el ampo Incahuasi entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca se haya determinado un segundo estudio, cuando ya había uno primero que arrojaba resultados por la consultora canadiense GLJ.

Advirtió que el caso Incahuasi marcará precedente sobre el manejo de conflictos por reservorios, por lo que es necesario tomar decisiones técnicas antes que políticas.

La investigadora señaló que en el proceso del estudio la Gobernación de Chuquisaca no hizo conocer sus cuestionamientos a los límites geográficos que sirvieron de base para establecer la extensión del reservorio de Incahuasi.

"El estudio que es de georeferenciación debe tomar en cuenta los límites geográficos departamentales proporcionados por la entidad competente -eso es clave- y hay una segunda etapa que establece que los departamentos involucrados que así lo consideren a través de sus gobernaciones pueden realizar el control y monitoreo de la ejecución del estudio contratado por YPFB", señaló.

En caso de existir observaciones técnicas por las gobernaciones en disputa, estas son remitidas a YPFB que debe poner en conocimiento a la empresa contratada para que absuelva todas las dudas antes de que se emita el informe final. "Ahí tienen un espacio para que las gobernaciones hagan observaciones y tienen acceso irrestricto a la información del estudio", dijo.

Sánchez dijo que el reglamento prevé, para el caso de campos compartidos, la contratación de una empresa con prestigio internacional para que defina la extensión del reservorio y entregue resultados en 45 días. "En el caso de la canadiense, YPFB pagó 200 mil dólares, no es poco", mencionó.

El 9 de agosto del año pasado, YPFB avaló el estudio técnico de los campos Incahuasi y Aquío, por el cual se confirmó que el 100 por ciento de reservorios de gas le pertenecen al departamento de Santa Cruz. Un segundo estudio realizado esta vez por la consultora Sproule confirmó los resultados del primer informe.

Sin embargo, Chuquisaca rechazó los resultados de ambos estudios, se declaró en emergencia y está a puertas de realizarse un cabildo en el que se determinarán acciones para hacer prevalecer un supuesto derecho que aseguran tener sobre Incahuasi.