DESDE EL CUARTO PROPIO
No fue abuso, fue violación
09 de mayo de 2018 (19:26 h.)
El caso “La Manada”, una sonada violación grupal que ocurrió hace dos años en las Fiestas de San Fermín, permitió develar la persistencia de prejuicios en el sistema judicial español en relación a la violación de una mujer, lo que se considera el consentimiento en una relación sexual y la normalización de la violencia sexual contra las mujeres.
La víctima, una joven abordada por cinco extraños, arrastrada a un portal, violada y vejada, abandonada desnuda en la calle, donde fue encontrada por una pareja que llamó a las autoridades. Los perpetradores, además de filmar y difundir la violación por WhatsApp, se aseguraron de robarle el celular y destrozar el chip para evitar que ella pudiera comunicarse con el único contacto que tenía en la ciudad.
Dos años después se dictó una sentencia de solo nueve años (menos de la mitad de lo solicitado) para los agresores, argumentando que la agresión fue abuso y no violación, cuestionando que la víctima no hubiera mostrado resistencia e ignorando que ellos tuvieran mayor fuerza física, pudieran haberla intimidado y producido temor a morir en manos de sus agresores.
¿Por qué nos debe preocupar algo que ha pasado hace dos años en otro continente? Bolivia, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es el segundo país con los índices más altos de violencia sexual de la región. En 2017 se produjeron 4.708 denuncias de delitos de orden sexual, que representa el 15 por ciento de las denuncias por la Ley 348. Se estima que cada día 13 mujeres son víctimas de esos delitos. Estudios internacionales plantean que solo se denuncian entre el 15 y 20 por ciento de las agresiones sexuales y que 1 por ciento de los agresores es condenado.
En los casos de violencia sexual, algunos elementos son constantes: se duda de la palabra de la víctima; una vez que se halla evidencia de las agresiones, se cuestiona el comportamiento de la víctima; posteriormente se duda del daño que la agresión pudiera haber causado en la vida de las víctimas.
El fallo constituye un nefasto precedente para la justicia y un ejemplo de no inclusión del análisis de género y poder, que debe ser estudiado en las aulas de las carreras de derecho. En Bolivia, encontramos fallos similares que no logran tanta visibilidad, ni mostrar el repudio contra la actuación de la justicia, en las calles, en la opinión pública o en las redes sociales.
La víctima, una joven abordada por cinco extraños, arrastrada a un portal, violada y vejada, abandonada desnuda en la calle, donde fue encontrada por una pareja que llamó a las autoridades. Los perpetradores, además de filmar y difundir la violación por WhatsApp, se aseguraron de robarle el celular y destrozar el chip para evitar que ella pudiera comunicarse con el único contacto que tenía en la ciudad.
Dos años después se dictó una sentencia de solo nueve años (menos de la mitad de lo solicitado) para los agresores, argumentando que la agresión fue abuso y no violación, cuestionando que la víctima no hubiera mostrado resistencia e ignorando que ellos tuvieran mayor fuerza física, pudieran haberla intimidado y producido temor a morir en manos de sus agresores.
¿Por qué nos debe preocupar algo que ha pasado hace dos años en otro continente? Bolivia, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es el segundo país con los índices más altos de violencia sexual de la región. En 2017 se produjeron 4.708 denuncias de delitos de orden sexual, que representa el 15 por ciento de las denuncias por la Ley 348. Se estima que cada día 13 mujeres son víctimas de esos delitos. Estudios internacionales plantean que solo se denuncian entre el 15 y 20 por ciento de las agresiones sexuales y que 1 por ciento de los agresores es condenado.
En los casos de violencia sexual, algunos elementos son constantes: se duda de la palabra de la víctima; una vez que se halla evidencia de las agresiones, se cuestiona el comportamiento de la víctima; posteriormente se duda del daño que la agresión pudiera haber causado en la vida de las víctimas.
El fallo constituye un nefasto precedente para la justicia y un ejemplo de no inclusión del análisis de género y poder, que debe ser estudiado en las aulas de las carreras de derecho. En Bolivia, encontramos fallos similares que no logran tanta visibilidad, ni mostrar el repudio contra la actuación de la justicia, en las calles, en la opinión pública o en las redes sociales.