DE FRENTE
Osadías del poder
06 de mayo de 2018 (18:25 h.)
La próxima Asamblea General de la OEA tiene en su agenda la elección de jueces para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo jurisdiccional competente para juzgar las violaciones a los derechos humanos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos e interpretarla.
Los requisitos para acceder a ese alto cargo de justicia internacional se hallan en el art. 52.1 de la Convención que expresamente señala: “La Corte se compondrá de siete jueces nacionales de los Estados miembros (…), elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales (…) del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos”.
El énfasis en la exigencia de que los/as candidatos/as sean juristas de la “más alta autoridad moral, reconocida competencia en materia de derechos humanos…” ha permitido que la Corte Interamericana tenga entre sus miembros a hombres y mujeres de reconocido prestigio moral, ético, intelectual y compromiso con el ser humano y ha logrado producir jurisprudencia pionera a nivel universal. El respeto y reconocimiento global del que goza la Corte Interamericana ha sido posible porque los Estados, independientemente de su ideología, tuvieron el cuidado de proponer a sus mejores profesionales caracterizados/as por su intachable desarrollo profesional y compromiso coherente con la causa de los DDHH.
Por lo anotado, llama la atención la osadía del poder gubernamental boliviano al proponer como candidata a ese alto cargo a una persona cuestionada por su habilidad de instrumentar el tema de DDHH para lograr beneficios laborales y políticos; complaciente con las graves y brutales violaciones a los derechos humanos de mujeres, indígenas, discapacitados/as, hasta ejecuciones sumarias. Olvidó que un/a verdadero/a defensor/a se compromete a luchar por el libre y pleno ejercicio de los DDHH de toda persona, “sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”, art. 1 de la Convención Americana, entendiendo que persona es todo ser humano, no solo los cuates del partido o las personas de las que se puede sacar alguna ventaja, como ha sido la característica de la candidata gubernamental.
Esperemos que los Estados mantengan la línea de elegir a gente idónea y sin cuestionamientos para tranquilidad de las víctimas que tienen en la CIDH su última esperanza de Justicia.
Los requisitos para acceder a ese alto cargo de justicia internacional se hallan en el art. 52.1 de la Convención que expresamente señala: “La Corte se compondrá de siete jueces nacionales de los Estados miembros (…), elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales (…) del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos”.
El énfasis en la exigencia de que los/as candidatos/as sean juristas de la “más alta autoridad moral, reconocida competencia en materia de derechos humanos…” ha permitido que la Corte Interamericana tenga entre sus miembros a hombres y mujeres de reconocido prestigio moral, ético, intelectual y compromiso con el ser humano y ha logrado producir jurisprudencia pionera a nivel universal. El respeto y reconocimiento global del que goza la Corte Interamericana ha sido posible porque los Estados, independientemente de su ideología, tuvieron el cuidado de proponer a sus mejores profesionales caracterizados/as por su intachable desarrollo profesional y compromiso coherente con la causa de los DDHH.
Por lo anotado, llama la atención la osadía del poder gubernamental boliviano al proponer como candidata a ese alto cargo a una persona cuestionada por su habilidad de instrumentar el tema de DDHH para lograr beneficios laborales y políticos; complaciente con las graves y brutales violaciones a los derechos humanos de mujeres, indígenas, discapacitados/as, hasta ejecuciones sumarias. Olvidó que un/a verdadero/a defensor/a se compromete a luchar por el libre y pleno ejercicio de los DDHH de toda persona, “sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”, art. 1 de la Convención Americana, entendiendo que persona es todo ser humano, no solo los cuates del partido o las personas de las que se puede sacar alguna ventaja, como ha sido la característica de la candidata gubernamental.
Esperemos que los Estados mantengan la línea de elegir a gente idónea y sin cuestionamientos para tranquilidad de las víctimas que tienen en la CIDH su última esperanza de Justicia.