FORO
España no va bien
06 de mayo de 2018 (18:23 h.)
En 2017 España recuperó el volumen de su Producto Interno Bruto (PIB), previo a la crisis, después de una década perdida, pero con una distribución mucho más desigual de la riqueza. Hoy en España hay más pobres y, a la vez, la mayor parte de los latifundistas de capital son más ricos que antes de la crisis.
En los últimos siete años el PIB per cápita español, tomando como base 100 el de EEUU de cada año, ha descendido en 27 puntos, pasando del 73.9 por ciento en 2008 al 46.3 por ciento en 2016. En relación con la eurozona, la evolución del PIB per cápita español no es muy diferente: hemos perdido siete puntos, pasando de representar el 93.3 por ciento del PIB per cápita medio de la eurozona en 2008 al 86 por ciento en 2016. Estos datos muestran con claridad que estamos saliendo de la crisis alejándonos de los países más desarrollados.
Ello es debido a dos cuestiones, estrechamente interrelacionadas: 1) la productividad del trabajo en nuestro país está creciendo a un ritmo cada vez más lento; 2) el tejido empresarial español es cada vez más minifundista, existiendo una pléyade de pequeñas empresas con muy reducidos niveles de productividad.
Las microempresas (menos de 10 trabajadores) tienen un enorme peso en nuestro tejido industrial, aportando un 28 por ciento del valor añadido, cifra muy superior al 16 por ciento que este tipo de empresas aportan al PIB en Alemania. Las microempresas españolas representan el 40.5 por ciento del empleo de nuestro país, mientras en Alemania solo el 19.2 por ciento .
Por tanto, el bajo crecimiento de productividad del trabajo está lastrado fundamentalmente por la reducida productividad de las microempresas españolas, inferior en un 32 por ciento a la de las microempresas alemanas.
Los procesos de externalización productiva, como modelo imperante de gestión empresarial, se han desarrollado ampliamente en nuestro país, ya que esta ha sido una de las principales estrategias adoptadas por las grandes y medianas empresas para incrementar su productividad.
Este mayor recurso a la externalización productiva ha sido favorecido por las reformas laborales impulsadas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP). Los bajos salarios, la precariedad laboral y la creciente desprotección del trabajador en la contratación han sido la principal política industrial desarrollada por los últimos gobiernos en nuestro país.
Las reformas laborales han dificultado la recuperación de los salarios (que han perdido, como media, un 7 por ciento de poder de compra entre 2008 y 2017, y que en los sueldos más bajos se sitúan cerca del 20 por ciento ).
Por el contrario, las empresas han recuperado claramente sus márgenes de beneficio de antes de la crisis. En 2016 las empresas no financieras ya ganaban 36.000 millones de euros más que antes de la recesión y repartieron 17.000 millones más en dividendos. Esta mejora además afecta a todas las empresas, incluidas las pymes.
Como consecuencia, España crece pero crece mal. Los salarios pierden peso en el conjunto de la economía; la revalorización de las pensiones es, a todas luces, insuficiente, y lo más grave es la amenaza de aplicación de factor de sostenibilidad que producirá una importante merma de las pensiones futuras; la precariedad laboral está instalada en una parte muy importante de las trabajadoras y trabajadores de este país; el proyecto de PGE-2018 no es útil para ejercer el papel redistributivo que requiere la sociedad española; y por supuesto, seguimos padeciendo una elevada tasa de desempleo, en la que miles de personas en paro de larga duración se están quedando definitivamente fuera del mercado de trabajo.
Asistimos a una recuperación económica que se puede sintetizar en un eslogan: crecemos mal y crecemos sin repartir. Todo ello en un marco de jibarización de nuestro mermado Estado del Bienestar. Las rebajas fiscales de los últimos años han supuesto una reducción de más de 12 mil millones de euros, y hay que recordar que España mantiene un fuerte diferencial fiscal, superior a siete puntos, con la media de la UE.
En los últimos siete años el PIB per cápita español, tomando como base 100 el de EEUU de cada año, ha descendido en 27 puntos, pasando del 73.9 por ciento en 2008 al 46.3 por ciento en 2016. En relación con la eurozona, la evolución del PIB per cápita español no es muy diferente: hemos perdido siete puntos, pasando de representar el 93.3 por ciento del PIB per cápita medio de la eurozona en 2008 al 86 por ciento en 2016. Estos datos muestran con claridad que estamos saliendo de la crisis alejándonos de los países más desarrollados.
Ello es debido a dos cuestiones, estrechamente interrelacionadas: 1) la productividad del trabajo en nuestro país está creciendo a un ritmo cada vez más lento; 2) el tejido empresarial español es cada vez más minifundista, existiendo una pléyade de pequeñas empresas con muy reducidos niveles de productividad.
Las microempresas (menos de 10 trabajadores) tienen un enorme peso en nuestro tejido industrial, aportando un 28 por ciento del valor añadido, cifra muy superior al 16 por ciento que este tipo de empresas aportan al PIB en Alemania. Las microempresas españolas representan el 40.5 por ciento del empleo de nuestro país, mientras en Alemania solo el 19.2 por ciento .
Por tanto, el bajo crecimiento de productividad del trabajo está lastrado fundamentalmente por la reducida productividad de las microempresas españolas, inferior en un 32 por ciento a la de las microempresas alemanas.
Los procesos de externalización productiva, como modelo imperante de gestión empresarial, se han desarrollado ampliamente en nuestro país, ya que esta ha sido una de las principales estrategias adoptadas por las grandes y medianas empresas para incrementar su productividad.
Este mayor recurso a la externalización productiva ha sido favorecido por las reformas laborales impulsadas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP). Los bajos salarios, la precariedad laboral y la creciente desprotección del trabajador en la contratación han sido la principal política industrial desarrollada por los últimos gobiernos en nuestro país.
Las reformas laborales han dificultado la recuperación de los salarios (que han perdido, como media, un 7 por ciento de poder de compra entre 2008 y 2017, y que en los sueldos más bajos se sitúan cerca del 20 por ciento ).
Por el contrario, las empresas han recuperado claramente sus márgenes de beneficio de antes de la crisis. En 2016 las empresas no financieras ya ganaban 36.000 millones de euros más que antes de la recesión y repartieron 17.000 millones más en dividendos. Esta mejora además afecta a todas las empresas, incluidas las pymes.
Como consecuencia, España crece pero crece mal. Los salarios pierden peso en el conjunto de la economía; la revalorización de las pensiones es, a todas luces, insuficiente, y lo más grave es la amenaza de aplicación de factor de sostenibilidad que producirá una importante merma de las pensiones futuras; la precariedad laboral está instalada en una parte muy importante de las trabajadoras y trabajadores de este país; el proyecto de PGE-2018 no es útil para ejercer el papel redistributivo que requiere la sociedad española; y por supuesto, seguimos padeciendo una elevada tasa de desempleo, en la que miles de personas en paro de larga duración se están quedando definitivamente fuera del mercado de trabajo.
Asistimos a una recuperación económica que se puede sintetizar en un eslogan: crecemos mal y crecemos sin repartir. Todo ello en un marco de jibarización de nuestro mermado Estado del Bienestar. Las rebajas fiscales de los últimos años han supuesto una reducción de más de 12 mil millones de euros, y hay que recordar que España mantiene un fuerte diferencial fiscal, superior a siete puntos, con la media de la UE.