El fiscal departamental de Cochabamba, Óscar Vera, negó ayer que al hablar (en el audio difundido) con los fiscales del caso puente caído haya tenido la intención de favorecer al exalcalde Edwin Castellanos (MAS) y a los otros acusados de la millonaria pérdida. Incluso dijo que no tenía ninguna relación con el exalcalde y que seguirá al frente de la Fiscalía.

Sin embargo, no quiso explicar por qué les instruyó presentar una ampliación de la imputación a los tres fiscales a cargo, cuando él sabía que ya se había vencido el plazo para presentar la acusación formal y el Juzgado había emitido una conminatoria para que lo hagan de una vez, en un plazo de cinco días.

Todo fiscal conoce, por dominio de la normativa boliviana, que una vez que un juez conmina a presentar la acusación, ya no se puede introducir ningún otro documento y menos una nueva imputación, pues, el tiempo para hacerlo, ya concluyó.

Vera tampoco quiso responder por qué, luego de que los fiscales Pablo Guzmán, Gustavo Ardaya y Sandra Mamani se negaron a seguir sus instrucciones, y cumplieron con su deber de presentar la acusación formal, los sacó del complejo caso que les había costado investigar por casi dos años, y los designó a otros municipios.

Gustavo Ardaya fue enviado a Tarata, Sandra Mamani a Tiquipaya y Pablo Guzmán decidió renunciar a su cargo, para volver a Santa Cruz, de donde es oriundo.

Óscar Vera no quiso decir por qué, inmediatamente después de que los tres fiscales se negaron a cumplir su orden, nombró a otros tres, que jamás conocieron el caso y, ellos, tres horas después de su nombramiento, presentaron la imputación que Vera les había instruido a los tres primeros. Pese a que los periodistas insistieron, Vera tampoco respondió a qué “respaldo institucional e instrucciones superiores” se refirió en el audio, cuando intentaba convencer a los fiscales de que no habría consecuencias para ellos, si lo obedecían.

A todas las interrogantes, Vera respondió que él se sometería al proceso disciplinario y que sería la investigación la que dilucide todos esos aspectos. Agregó que las reuniones con los fiscales no son grabadas y desconoce quién registró la que tuvo con los tres fiscales Guzmán, Ardaya y Mamani.

Este diario contactó a tres exfiscales para conocer si la conducta de Vera se enmarcó en lo legal, como él aseguró. Las tres exautoridades pidieron la reserva de sus nombres, pues tienen litigios en proceso y no quieren que se vean afectados por posibles represalias.

Coincidieron en afirmar que el fiscal departamental incurrió en la comisión de al menos cinco delitos: incumplimiento de deberes, prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, uso indebido de influencias y retardación de justicia. “Por supuesto que Vera no respetó la ley. No se necesita ninguna auditoría o revisión del expediente para tipificar los delitos cometidos. Él ya admitió que es su voz. Con eso, puso su soga al cuello y el Fiscal General debería abrirle proceso penal de oficio, como hizo con Sergio Castillo contra el que se presentó un audio, también, en el que se oía que quería beneficiar al exfiscal Quispe. En ese caso, Guerrero procesó a Castillo y lo envió a la cárcel. ¿Por qué no actúa de igual forma con Vera, en un caso que afecta al Estado con una pérdida de 14 millones de bolivianos?”, cuestionó la fuente.

Explicó que de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público, un fiscal departamental no puede inmiscuirse en las decisiones de los fiscales de un caso. El parágrafo 2 del artículo 49 de la Ley del Ministerio Público dice que las instrucciones de un fiscal departamental “en ningún caso podrán referirse a la forma de resolución de un proceso”. El artículo 121 de esta misma ley, en el parágrafo 7, señala que es una falta muy grave el: “Solicitar para sí, o un tercero, cualquier ventaja, ofrecimiento o promesa, para hacer, dejar de hacer o retardar un acto relativo a sus funciones, sin perjuicio del proceso penal que corresponda”. “Este parágrafo describe lo que hizo Vera en este audio, solicitó a los fiscales que hagan una imputación para retardar el proceso del puente caído y les ofreció que no habría consecuencias. Y corresponde un proceso penal, tal como lo estipula la misma norma”, señaló un exfiscal. Otra exautoridad dijo que existe una sentencia constitucional que prohíbe ampliar la imputación dentro del término de la conminatoria. “Por eso los fiscales le grabaron, como un descargo, porque aunque su jefe les prometa que no habrá consecuencias, claro que las hay. Son delitos”, sostuvo.

Vera, de acusador a acusado

Aunque el fiscal general, Ramiro Guerrero, solo inició un proceso disciplinario contra el fiscal departamental Óscar Vera, los líderes del Movimiento Demócrata Social presentaron ayer en la tarde, ante la Fiscalía, una denuncia penal en su contra, por la presunta comisión de cinco delitos, y exigieron su renuncia.

El diputado Tomás Monasterios señaló que Vera incurrió en incumplimiento de deberes, prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, uso indebido de influencias y retardación de justicia. “Nos dirigimos al Fiscal General para pedirle que destituya al fiscal departamental. Y que se lo aprehenda para evitar el riesgo de fuga”, sostuvo.

El senador Edwin Rodríguez acotó que se presentó ante el Senado de la Asamblea Legislativa Plurinacional una solicitud de informe oral para el fiscal general, Ramiro Guerrero, para que explique cuál es el avance del caso del puente caído y quién fue la persona o personas que le instruyeron a Vera dilatar el proceso y que le prometió que no habría consecuencias para los fiscales que lo hicieran. El senador Carlos Pablo Klinsky dijo que es urgente que Guerrero le explique al país cuáles son los resultados y por qué la investigación fue tan larga, que recién se presentó acusación el 6 de abril de 2018, cuando el puente se cayó el 14 de septiembre de 2015.