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  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
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DAÑO DE 14 MILLONES DE BOLIVIANOS PARA COCHABAMBA

Exigen indagar audio que revela delitos en caso de puente caído

El docente de la UMSS Henry Pinto dijo que urge investigar penalmente esta denuncia en la que aparentemente “hubo uso indebido de influencias y consorcio de abogados, fiscales”. 
Exigen indagar audio que revela delitos en caso de puente caído



Han pasado cuatro días desde que se difundió un audio en el que, presuntamente, el fiscal departamental de Cochabamba, Óscar Vera, presiona a los tres fiscales que investigaban el caso del puente caído, de la avenida 6 de Agosto e Independencia, para que presenten una ampliación de imputación en lugar de una acusación formal contra los responsables del millonario daño económico hacia esta ciudad. Hasta la fecha, el fiscal Vera no se ha pronunciado y tampoco lo ha hecho el fiscal general, Ramiro Guerrero, pese a que fueron buscados por los periodistas y el primero dijo que daría una conferencia el 19 de abril.

En diversas páginas de las redes sociales vinculadas con la temática de justicia, decenas de abogados, catedráticos y otros profesionales calificaron este audio como “grosero” y hasta exigieron la renuncia del fiscal departamental.

El docente de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y autor de varios libros sobre Derecho Penal, Henry Pinto Dávalos, sostuvo que es urgente que el Fiscal General instruya una investigación penal en este caso, pues del audio se deduce que podrían configurarse dos delitos que tienen cárcel: uso indebido de influencias y consorcio de abogados, jueces y fiscales.“Este audio debe ser investigado profundamente. no solo porque se está evidenciando una suerte de influencias destinadas a impedir o dilatar el normal desarrollo de un proceso penal que tiene plazos y tiempos específicos, sino porque podría tratarse de un caso de corrupción”, dijo.

El puente de la avenida 6 de Agosto e Independencia, en el que se invirtió casi 14 millones de bolivianos, se hundió y quedó inservible el 14 de septiembre de 2015, en la gestión del alcalde Edwin Castellanos(MAS). Se inició una investigación y, ocho meses después, el 3 de mayo de 2016, la Fiscalía imputó a Castellanos, a tres exfuncionarios y al representante de la empresa constructora Álvarez. De acuerdo a ley, luego de la imputación, la Fiscalía debía investigar seis meses más y presentar una acusación formal para solicitar que se fije fecha y hora de juicio oral. Es decir, debía acusar en noviembre de 2016, pero no lo hizo.

“El plazo normal es de 6 meses, pero se puede estirar hasta 18 meses como máximo. En este caso se estiró y el plazo se venció, por lo que el juzgado conminó a los fiscales Pablo Guzmán, Sandra Mamani y Gustavo Ardaya a presentar su acusación. De lo contrario hay consecuencias para ellos”, explicó el docente.

En el audio, que un perito debe certificar, se oye a Vera pidiéndoles a los tres fiscales que no acusen y que presenten una ampliación de imputación, presuntamente para dilatar el caso seis meses más.

El audio, aclara Pinto, no es el único indicio. Existe un documento importante. Los tres fiscales se negaron a la solicitud de su jefe, pese a que Vera les ofreció darles un instructivo por escrito y, en último caso, incluso asumir las consecuencias en lugar de ellos “porque tiene respaldo institucional”.

Los tres fiscales Guzmán, Ardaya y Mamani lograron presentar la acusación formal, producto de la pesquisa realizada. A los minutos, llegó otro documento al juzgado firmado por tres fiscales que nunca conocieron el caso: Freddy Luna Colque, Hugo Espinoza Peredo y Nasly Serrano Cuéllar. Ellos, solicitaban la ampliación de la imputación, tal como pedía Vera en el audio.

“La primera pregunta que debe responder el fiscal departamental y la investigación penal que debe abrir el Fiscal General es: ¿Por qué fiscales que no estaban a cargo de la pesquisa presentan una ampliación de imputación? Si bien es cierto que la Fiscalía trabaja bajo el principio de unidad, en este caso había fiscales que estaban a cargo de la investigación tiempo atrás. No se justifica”.

En segundo lugar, el catedrático señaló que habría que averiguar si la ampliación presentada por los otros tres fiscales responde a objetivos concretos y jurídicamente fundados.

“En un primer análisis, se podría configurar dos delitos cometidos aparentemente por la Fiscalía: uso indebido de influencias y la existencia de un consorcio de jueces fiscales y abogados. Hay que indagar a qué responden las directrices dadas de ampliar la imputación, a pesar de que eso compromete la idoneidad, eficiencia y celeridad de la Fiscalía”, agregó.

Este diario intentó comunicarse con el fiscal Guerrero, pero su celular parecía estar fuera de servicio. Su comunicador debía consultar el viernes si se pronunciaría sobre la denuncia contra Óscar Vera, pero no hubo respuesta.

Casi 3 años

El puente de la avenida 6 de Agosto se hundió el 14 de septiembre de 2015. La acción penal cumplirá 3 años y aún no se ha fijado fecha de juicio oral contra los acusados.

Apuntan a extinguir la acción penal

Consultado sobre los motivos por los que un fiscal podría pretender imponer una ampliación de la imputación, por encima de la acusación formal que ya tenía conminatoria, el abogado penalista Henry Pinto explicó que en el caso del puente caído sí podrían apuntar a lograr la extinción de la acción penal, por duración máxima del proceso.

Si bien los delitos de corrupción previstos en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz no prescriben, la acción penal sí. “Todos los juicios, incluidos aquellos por delitos de corrupción, deben realizarse en un plazo prudencial de tres años. Y si no se cumple ese plazo, pueden extinguirse”.

La acusación formal fue presentada por los tres fiscales que rechazaron la presión y cumplieron con su deber. Sin embargo, luego de ello, Gustavo Ardaya fue remitido a Tarata, Sandra Mamani a Tiquipaya (en suplencia de otra fiscal) y Pablo Guzmán renunció a la Fiscalía.

Este último tenía amplia experiencia en Anticorrupción. Dirigió investigaciones en contra del general Nina, de la hija de Hugo Banzer, contra jueces y fiscales.