Luego de ganarle al Estado boliviano una demanda internacional por vulneración de derechos civiles y políticos, la abogada y exdiputada Rebeca Delgado recomendó que los familiares de los policías linchados en Epizana agoten las instancias nacionales para que se castigue a los responsables de “hacer dormir el caso hasta su extinción” y que, si no se cumple con esto, acudan también al Comité de Derechos Humanos del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, (ONU), para demandar al Estado por denegación de justicia.

El 26 de febrero de 2008, tres policías fueron linchados en Epizana por comunarios del lugar. Un camarógrafo filmó los primeros tres minutos del triple crimen, lo que sirvió para identificar a ocho de los asesinos. Ellos fueron juzgados y sentenciados en junio de 2010. Presentaron una apelación restringida a la Sala Penal 3 que debía ser sorteada y resuelta en un plazo de 30 días, de acuerdo a ley. Por la mora judicial, se esperaba una demora de un año, pero se verificó que los vocales de esa sala ni siquiera sortearon el caso hasta 2018, aunque sí resolvieron otras causas que ingresaron después del caso Epizana, según constató el Consejo de la Magistratura. En esos casi ocho años de demora deliberada, tampoco la Fiscalía reclamó y tendría responsabilidades penales.

Al cumplirse 10 años del triple linchamiento, el caso “prácticamente se ha extinguido por duración máxima del proceso, ya no se puede hacer nada. Los linchadores nunca cumplirán su condena”, lamentó Rebeca Delgado.

Lo único que queda es agotar las instancias nacionales para buscar que “los responsables de causar esta impunidad sean severamente sancionados”.

El Consejo de la Magistratura ya sentó una denuncia penal contra cuatro exvocales y exsecretarios de cámara que hicieron dormir el caso. Pero hasta la fecha se desconoce cuál es el avance del proceso contra estos ocho exfuncionarios.

“Si las familias cumplen con su parte de denunciar esta retardación de justicia a la Inspectoría, ala Fiscalía y Consejo de la Magistratura, y el Estado no sanciona a estos malos exfuncionarios, podrán acudir a la instancia internacional para obtener una reparación. Las causas no se pueden extinguir así por así, hay responsables. Y eso se llama denegación de justicia”, aseveró.