Se espera sorteo de Juzgado para iniciar juicio oral en el caso del puente hundido
20 de abril de 2018 (21:23 h.)
El caso del puente hundido, ubicado en las avenidas 6 de Agosto e Independencia, está a la espera del sorteo para definir qué Juzgado se hará cargo y que se inicie el juicio oral.
El 11 de abril, el Ministerio Público presentó la acusación formal, acción que estaba dentro del marco procesal.
Una vez cumplido ese paso, el juicio se iniciará con la presentación de los testigos y otras pruebas de cargo y descargo de los acusadores y los acusados.
Paralelamente al proceso penal, la Contraloría General del Estado también investiga y definirá qué responsabilidades civiles tienen los acusados.
El paso a desnivel, que costó más de 14 millones de bolivianos, se hundió el 22 de octubre de 2015, tras 10 meses de ser abierto para el paso de vehículos.
En mayo de 2016, el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, inició la demolición del puente colapsado, luego de varias inspecciones que realizaron técnicos de la Alcaldía y de la Sociedad de Ingenieros.
NO PRESCRIBE Tras conocerse un supuesto arreglo para que se amplíe el plazo de investigación en el caso del puente, un abogado explicó a este medio de comunicación que todos los delitos que involucran a bienes del Estado y a instituciones públicas no prescriben, según establece la Ley Nro. 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, aprobada el 31 de marzo de 2010.
El artículo 29 señala que “de conformidad con el articulo 112 de la Constitución Política del Estado, los delitos cometidos por servidoras o servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad”.
AMPLIACIÓN Se conoce que los fiscales encargados del caso presentaron un pedido de ampliación de los delitos en contra del exalcalde de Cochabamba Edwin Castellanos, en cuya gestión se construyó el paso a desnivel.
Esa solicitud fue entregada después de la acusación formal, por lo que una jueza no la admitió.
En la lista de personas involucradas en el caso, además de Castellanos, están los dueños de la constructora Álvarez que se encargó de la construcción.
También está el supervisor de la obra Nelson Vega.
El 11 de abril, el Ministerio Público presentó la acusación formal, acción que estaba dentro del marco procesal.
Una vez cumplido ese paso, el juicio se iniciará con la presentación de los testigos y otras pruebas de cargo y descargo de los acusadores y los acusados.
Paralelamente al proceso penal, la Contraloría General del Estado también investiga y definirá qué responsabilidades civiles tienen los acusados.
El paso a desnivel, que costó más de 14 millones de bolivianos, se hundió el 22 de octubre de 2015, tras 10 meses de ser abierto para el paso de vehículos.
En mayo de 2016, el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, inició la demolición del puente colapsado, luego de varias inspecciones que realizaron técnicos de la Alcaldía y de la Sociedad de Ingenieros.
NO PRESCRIBE Tras conocerse un supuesto arreglo para que se amplíe el plazo de investigación en el caso del puente, un abogado explicó a este medio de comunicación que todos los delitos que involucran a bienes del Estado y a instituciones públicas no prescriben, según establece la Ley Nro. 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, aprobada el 31 de marzo de 2010.
El artículo 29 señala que “de conformidad con el articulo 112 de la Constitución Política del Estado, los delitos cometidos por servidoras o servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad”.
AMPLIACIÓN Se conoce que los fiscales encargados del caso presentaron un pedido de ampliación de los delitos en contra del exalcalde de Cochabamba Edwin Castellanos, en cuya gestión se construyó el paso a desnivel.
Esa solicitud fue entregada después de la acusación formal, por lo que una jueza no la admitió.
En la lista de personas involucradas en el caso, además de Castellanos, están los dueños de la constructora Álvarez que se encargó de la construcción.
También está el supervisor de la obra Nelson Vega.
