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  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
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LA AUTORIDAD INVOLUCRA A SU EXSECRETARIO Y A PRESIDENTA DE LA ADUANA

Alcalde pide que Padilla y Ardaya declaren en caso mochilas chinas

El abogado Sergio Coca presentó memoriales en la Fiscalía. Advirtió que si el funcionario, quien renunció y salió del país, no declara se pedirá su aprehensión.
Alcalde pide que Padilla y Ardaya declaren en caso mochilas chinas



El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, pidió ayer que su exsecretario de Atención al Ciudadano José Miguel Padilla, quien renunció y se fue del país, y la presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, declaren como testigos en el caso de las mochilas escolares chinas.

El abogado del Alcalde, Sergio Coca, dijo que Ardaya debe proporcionar toda información referida a la importación de las mochilas y Padilla porque tendría vinculaciones con la empresa que se adjudicó la dotación.

El fiscal departamental, Óscar Vera, dijo que la comisión de fiscales analizará el tema, porque “para proponer una prueba tiene que ser útil, pertinente y legal”.

PADILLA El exsecretario municipal presentó el 2 de abril, según Leyes, una solicitud de vacaciones, hasta el 25 de abril, seguida de renuncia. Este medio confirmó que Padilla salió del país el 6 de abril rumbo a Estados Unidos.

La concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rocío Molina denunció que hubo privilegios para la Asociación Accidental 26 de Febrero porque hizo la compra en China antes de que se lance la licitación y las mochilas llegaron con logos antes de la firma del contrato.

El Alcalde no deja de lado la posibilidad de que se haya filtrado información. “No descartamos que haya gente infiltrada, funcionarios comprados o corruptos que hayan podido cometer alguna irregularidad”.

Al referirse a Padilla, Leyes dijo, en una entrevista con El Deber, que se conocían “desde chicos, de colegio. Éramos compañeros desde quinto básico”.

Acotó que perdió contacto con él. “Lo he tratado de llamar, no me contesta”.

Coca dijo que se desconoce del paradero de Padilla desde que solicitó vacación. Advirtió que si no se presenta a declarar, se pedirá un mandamiento de aprehensión.

Padilla desempeñó funciones en la Aduana en épocas en las que el importador de las mochilas, Juan de Dios Morales, también trabajaba ahí.

ARDAYA El Alcalde cuestionó que la Presidenta de la Aduana no se haya referido a que el importador trabajó en esa institución hasta 2015. “Es quien saca la denuncia, muestra documentos de importación, pólizas y, miren la coincidencia, sus exfuncionarios están cerca del caso de la mochila escolar”.

Exigió que la autoridad de la Aduana declare en el marco del proceso penal. Dijo que se cambió el valor de la mercadería y advirtió la posibilidad de “corrupción” en esa repartición.

“La señora Marlene Ardaya salió a decir verdades a medias. ¿Por qué oculta esa información?, ¿por qué no dice que el importador era un funcionario de la Aduana y, segundo, José Miguel Padilla también trabajó en la Aduana”.

También pidió una auditoría y peritaje del proceso de nacionalización de las mochilas.

El abogado Coca manifestó que el costo de 26 bolivianos de cada mochila y útiles puestos es Cochabamba, según Molina, “sería falso”.

“Este precio no existiría en la Aduana, sino se dio un nuevo precio el cual debe proporcionar Marlene Ardaya en la investigación (...). Se habría pagado más allá de los 70 bolivianos. Ese sería el precio unitario”.

No fue posible contactar con Ardaya. Desde la Aduana informaron que “está fuera de La Paz”.

6 De abril

De acuerdo con los reportes migratorios, José Miguel Padilla Parada salió del país la mañana del 6 de abril rumbo a Estados Unidos. También registró salidas en 2017.

Se abre proceso contra dos directores

La Fiscalía Departamental de Cochabamba abrió el miércoles 18 de abril un proceso contra el Director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y el Director de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Alcaldía por los supuestos delitos de encubrimiento y obstrucción de la justicia.

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, explicó ayer que se tomó esta determinación debido a la presunta manipulación de 14 procesadores (CPU) antes del allanamiento en la Secretaría de Desarrollo Humano, según la denuncia de la concejala masista Rocío Molina.

“Es otro proceso en el que seguramente (también) se va a citar a quienes eran responsables de las computadoras, de todo lo que se hubiera borrado”.

Por otro lado, el abogado del Alcalde, Sergio Coca, presentó ayer un requerimiento y solicitud al Ministerio Público para que ambos funcionarios detallen sus acciones en torno al retiro y devolución de los equipos, presuntamente, sin información.

“Es para que se detalle si es evidente que se ha borrado información, con la finalidad de proporcionar los elementos que desvirtúen que el Alcalde está influyendo y destruyendo información”.