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  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
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Hay que frenar a los jukus

Falta mano dura. Si se ha identificado, con nombre y apellido, a los delincuentes, ¿por qué no se actúa en consecuencia? ¿No existe, acaso, la capacidad para desarticular estos clanes organizados?<BR>
Hay que frenar a los jukus
El pedido de los trabajadores de la mina, hecho el pasado 10 de abril, de militarizar el centro minero Huanuni, es una clara señal de que la inseguridad en el sector de la minería ha llegado a extremos preocupantes.

La salida de las Fuerzas Armadas a patrullar las calles se instruye solo en casos de extrema emergencia, si la Policía Nacional no puede controlar una determinada situación, o en ausencia de ella, tal como ocurrió, por ejemplo, en febrero de 2003, cuando los miembros de la institución del orden se replegaron para liderar una huelga.

Los mineros de Huanuni mencionaron la posibilidad de que los militares controlen los alrededores de las empresas, debido a los constantes robos (varios de ellos violentos) que se perpetran en las minas del país.

El robo de minerales, o jukeo, es una práctica conocida en el país, que ni las autoridades del Gobierno ni de la Policía Nacional pueden erradicar. Los delincuentes ingresan a los socavones con relativa facilidad, cargan el mineral acumulado por los mineros y lo venden en el denominado mercado negro a precios irrisorios, obteniendo pingües ganancias, sin mayor esfuerzo.

Estos grupos, bien organizados, según la información hecha pública por el Gobierno, saben que esta ilícita actividad les genera importantes réditos, por lo que continúan atacando a las empresas mineras.

El detonante que disparó el pedido de intervención de las Fuerzas Armadas fue la muerte de nueve trabajadores del subsuelo, hasta el momento, tras una explosión que ocurrió en la estatal Huanuni, la madrugada del martes 10 de abril, hecho que los mineros atribuyeron a un atentado causado por los jukus o ladrones de minerales.

El robo de minerales es tan frecuente en las minas del país (y pareciera que hasta aceptado), que el daño económico asciende a por lo menos 24 millones de dólares por año en el Centro Minero Huanuni, según informó el 15 de abril pasado el gerente de esta Empresa, Guillermo Dalence.

El Gobierno, mediante el ministro de Minería, César Navarro, admitió que el esfuerzo que realiza el Ejecutivo para controlar el robo de minerales es insuficiente, porque no hay el personal necesario para evitar el ingreso de los jukus a las minas.

La autoridad gubernamental advirtió que ni la intervención de la Policía o del Ejército ha logrado parar el robo de minerales, porque los delincuentes tienen varias vías clandestinas de ingreso a los socavones.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló que solo en el Centro Minero Huanuni (Oruro) se ha identificado a 30 grupos organizados, clanes familiares, con nombre y apellido, que operan impunemente.

Si se ha identificado, con nombre y apellido, a los delincuentes, ¿por qué no se actúa en consecuencia? ¿No existe, acaso, la capacidad para desarticular estos clanes organizados? ¿Será una solución la sola presencia de los militares como un elemento disuasorio?

A fines de agosto del año pasado, unos 60 ladrones de minerales ingresaron al interior de la mina de la empresa Huanuni para robar el estaño acumulado, pero fueron sorprendidos por los mineros. Hubo una pelea y una persona resultó herida.

Ante este panorama sombrío, en el que aparentemente resulta muy complicado ponerle el cascabel a los jukus, ¿qué se puede hacer?

Además de ejercer un mayor control en las minas, se debería también erradicar el mercado negro, los lugares donde los jukus comercializan su botín, también en la mayor impunidad y sin que la presencia del Estado se haga sentir.

Lo que más preocupa al sector es que el robo de minerales, en algunos casos, deja a personas heridas y fallecidas porque los ladrones de minerales andan armados. Y los robos se multiplican en los diferentes centros mineros.