Cochabamba, domingo 15 de julio de 2018
TEXTUAL

Una cuestión personal

|  Abogado, docente e historiador del Derecho imcorajq@hotmail.com | 16 abr 2018

En el mes de septiembre de este año, en las ciudades de Roma y Sassari se llevará a efecto el XX Congreso de Derecho Romano, cónclave en el que estarán presentes estudiosos de esa materia que hace parte de un sistema jurídico al que se han allanado los Estados modernos en número, por demás considerable, nuestro país, entre otros. Como también concurrirán quienes, siguiendo una tradición distinta, replantean su legislación bajo los cánones del romanismo, tal es el caso de la actual China comunista, que a pasos agigantados elabora su propio código civil dentro de la tendencia occidental romana. Habrá que resaltar también el caso de Cuba, que cuenta con grandes cultores de la tradición romanista.

No obstante los siglos transcurridos en la construcción y elaboración de este sistema, el mundo postmoderno le confiere trascendencia y validez, por constituir la expresión de la lógica y la razón. En diferentes momentos históricos, esta disciplina ha sufrido embates y ataques directos, resultando sintomático que, quienes optaron por ello, siempre estuvieron signados por la pretensión de concentrar el poder, esgrimiendo para ello argumentos míticos que lo justifiquen, tal el caso de la Alemania nazi, que proclamó su desaparición, pretendiendo sustituirlo por un ideario jurídico, sustentado en la supuesta pureza racial aria.

En nuestro medio, matices más o matices menos, encontramos similares tendencias, esgrimiendo para el caso la supuesta existencia de un derecho originario integral. Los cultores de tal posicionamiento son altas autoridades del Gobierno actual, siendo su mayor exponente el Presidente, resultando paradójico, sin embargo, que al mismo tiempo de que se condena al derecho romano, se intente nuevas codificaciones en distintas ramas del saber jurídico, basando sus determinaciones en principios romanistas.

Resulta también sorprendente la exaltación máxima que se hace acerca de los alegatos presentados en La Haya, hasta el extremo de proponer su estudio, análisis y enseñanza obligatorios en todos los centro educativos del país; cuando las fundamentaciones están basadas en el derecho que se estigmatiza y condena. Habrá que resaltar que las argumentaciones presentadas por Bolivia son verdaderas piezas jurídicas, lógicas y coherentes. Bien vale, en consecuencia, una postura ponderada en cuanto a las fuentes sustentadoras de los alegatos nacionales.

Corolario. El Ministro de Educación profesional distinguido, maestro universitario, exrector; enfilado en la corriente anti romanista, quizás por desconocimiento de lo que significa tal materia o por su adhesión sin límites al Gobierno, hace días atrás, y en relación a la comprobación que hacía la oposición sobre la inexistencia legal del título académico que ostenta el Vicepresidente del Estado Plurinacional, sostenía que (era) “tema que no merece comentario, porque de acuerdo con su criterio es de carácter personal y no nacional”. Tal opinión, cuando menos un gafe, sino demostración de desconocimiento total, prescinde de la existencia de un principio jurídico universal que establece que cuando la interioridad se manifiesta lesionando bienes jurídicos protegidos, surge el derecho para regular las conductas humanas.



Tags: personal,cuestión,Una

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