Cochabamba, lunes 24 de septiembre de 2018
PARALAJES

Almagro, el metiche

|  Profesor universitario novas9@yahoo.com | 15 abr 2018 |

Aunque los argumentos parecen previsibles y repetitivos, el tema del 21F aún no se agota. Ocurre que en política la verdad no es un ente estático. Las acciones de los actores políticos surten efectos de verdad y efectos de poder. La legitimidad y la legalidad de una acción política no se definen solamente en un ámbito intelectual sino también “sobre el terreno”, en la lucha y las pulsetas de poder. Desde el oficialismo, el fallo del TCP, que permite la reelección indefinida de todas las autoridades electas, constituye una ampliación en el ejercicio de los derechos humanos y políticos, y es, por tanto, deseable. También legal, dicen, puesto que, para el efecto, hace una interpretación del Pacto de San José suspendiendo la limitación de mandatos presidenciales, establecida en la Constitución boliviana (CPEP). Desde miradas opositoras, el mencionado fallo no es más que una triquiñuela jurídica que desconoce la voluntad popular expresada a través del voto el 21 de febrero de 2016. En este caso, el TCP habría actuado sin independencia, desafiando el sentido común y con evidente mala fe. Por tanto, una vez más en nuestra historia se estaría procediendo bajo el principio de “hecha la ley, hecha la trampa”, tantas veces celebrada por la inveterada viveza criolla.

Hasta ahora, todo el asunto del 21F parecía entrampado en un diálogo de sordos, entre los dimes y diretes de dos posiciones incompatibles y cada vez más polarizadas. La reciente actuación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, parece apuntar a que la controversia se judicialice. Hay quienes creen que la intervención de Almagro, dada su conocida hostilidad al Gobierno venezolano y a todos los gobiernos afines al chavismo bolivariano, solo entorpece las cosas, agudizando la polarización. Almagro realizó una consulta a la apodada “Comisión de Venecia”, de la UE, la cual afirmó que el derecho a la reelección no es un derecho humano. Asimismo, dijo que es recomendable que en los regímenes presidenciales y semipresidenciales, como es habitual con muy pocas excepciones, haya limitaciones de mandato.

Con esta consulta, Almagro está preparando el terreno para la presentación del caso ante la CIDH, con sede en Washington D.C. La Comisión IDH podría luego pedir que la Corte IDH, con sede en Costa Rica, tome el caso, dictamine medidas cautelares y emita un veredicto. La situación no es muy clara. Pero parece razonable pensar que si el Tribunal Constitucional Plurinacional invocó en su fallo el Pacto de San José (CADH), entonces las instancias llamadas a brindar una interpretación autorizada de la letra y el espíritu del Pacto serían la Comisión IDH y la Corte IDH. Precisamente el ministro de Justicia, Arce, a tiempo de descalificar a Almagro y al pronunciamiento de la Comisión de Venecia, ha dicho, respecto a la CIDH y la Corte IDH, que “estas instituciones al interior de la OEA son las únicas facultadas para interpretar y para aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica”.

El Defensor del Pueblo, Tezanos Pinto, afín al gobierno, coincide en esto, afirmando el carácter vinculante de un eventual fallo de la CIDH. Posiblemente, la Corte IDH desautorizaría la interpretación “creativa” del TCP. Ya falló antes contra el exdictador Ríos Montt que invocaba, contra la Constitución guatemalteca, su derecho humano a ser elegido. Por otra parte, no parece imaginable que el Gobierno, llegado el caso, estuviera dispuesto a acatar un fallo desfavorable. Pero, a menudo, la política te da sorpresas.



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