Cochabamba, viernes 21 de septiembre de 2018
ICONOCLASIA

Retardación de justicia e impunidad

|  Abogado, licenciado en Filosofía y Letras y docente richi479@gmail.com | 15 abr 2018 |

El filósofo latino Seneca dijo una vez que “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. Particularmente pienso que la justicia lenta, que tarda en llegar, sigue siendo justicia; llega tarde, pero llega. La impunidad, en cambio, es la justicia que nunca llega. Un plantón definitivo e inapelable. Las víctimas de Octubre Negro, por ejemplo, al menos sienten que se hizo algo de justicia al conocer el veredicto dictado por un Jurado de Estados Unidos en contra de Goni y Sánchez Berzaín, luego de una espera de más de diez años desde que fue interpuesta la demanda civil. Y este proceso da todavía para largo, considerando los recursos que aún están pendientes. Justicia tardía, pero justicia al fin.

Las reformas legales que abrevian plazos procesales recogiendo el clamor popular son un arma de doble filo. Nuestra actual legislación penal, inspirada por el arquetipo de una justicia ágil y rápida, acortó los plazos del proceso, para evitar los largos sumarios del anterior sistema penal inquisitivo, y estableció, por ejemplo, que la duración máxima de un proceso debe ser de tres años. Pero, no garantizó el efectivo cumplimiento de estos plazos con dotación de personal, infraestructura y recursos técnicos. Lo hizo, torpemente, con conminatorias de extinción de la causa. ¿Cuál fue el resultado? Ahora los procesos duran como antes y además acaban por extinguirse, beneficiando a delincuentes comprobados y rematados. A la endémica mora judicial debemos sumarle ahora la impunidad. Nuestra justicia ya no tarda en llegar, simplemente ya no llega. Lo sucedido en el caso “Epizana”, que tiene a ocho “condenados” libres y a punto de beneficiarse con la extinción de su proceso, es un claro ejemplo de lo mencionado. Por eso, más allá de las reformas estructurales a la administración de justicia, en el plazo inmediato deberían adoptarse cuando menos las siguientes medidas legislativas:

En primer lugar, no es posible seguir manteniendo el régimen de prescripción que tenemos en nuestro actual Código de Procedimiento Penal (CPP). La prescripción es una forma de extinción de la acción penal, que opera por la inacción del Estado, cuando este no activa la persecución penal para sancionar un hecho delictivo dentro un plazo perentorio. Por ejemplo, para el caso de un delito de asesinato (como los linchamientos de “Epizana”), la ley dispone que la acción penal prescribe en ocho años. Sin embargo, lo que no resulta razonable es que –según nuestro CPP- dicho plazo siga corriendo ininterrumpidamente aun después de iniciada la acción o el proceso correspondiente, y que solo deba interrumpirse con la declaratoria de rebeldía del imputado. Pues, si lo que se sanciona o castiga con la prescripción es la inacción del Estado, dándole un plazo para iniciar una persecución penal contra presuntos responsables de un delito, lo lógico es que el cómputo de dicho plazo sea interrumpido una vez que se interponga la denuncia o se inicie el respectivo proceso penal, ya que se entiende que es precisamente a partir de ese momento que el Estado activa la persecución penal. En el caso de Epizana, por ejemplo, la acción habría prescrito, pese a que ya se activó el inicio del proceso el año 2008, es decir, el mismo año en que se suscitaron los hechos delictivos.

En segundo lugar, empíricamente puede constatarse que la mayoría de los procesos penales arriban a una sentencia dentro plazos más o menos razonables que en promedio no superan los 3 años. En el caso EPIZANA, por ejemplo, se dictó sentencia condenatoria contra ocho acusados, el año 2010, luego de dos años de iniciada la causa. El verdadero cuello de botella, donde se estancan los procesos penales, está entonces en la fase de los recursos planteados contra la sentencia. Ahora bien, debe recalcarse algo que algunos juristas ignoran: nuestro sistema penal reconoce una única instancia, es decir, solo quien dicta la sentencia valora la prueba y juzga los hechos. Las apelaciones subsiguientes son recursos de puro derecho; y siendo esto así, lo lógico sería que una vez dictada una sentencia de condena (al menos en delitos graves, como asesinatos y delitos de corrupción) se proceda a la ejecución provisional e inmediata de la misma, aunque sea prestando fianza de resultas, para evitar la impunidad y evasión de los condenados.



Tags: impunidad,justicia,Retardación

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