El fallo del Supremo Tribunal Federal que rechazó el pedido de habeas corpus solicitado por la defensa del expresidente Lula da Silva abrió las puertas para su encarcelamiento. Más allá de saber si esta medida judicial se revisará o será definitiva, Brasil ha ingresado en una coyuntura marcada por la incertidumbre y la imprevisibilidad.

De hecho, los mercados, tanto el bursátil como el de divisas, han reaccionado espasmódicamente. Si en condiciones normales una decisión de este tipo es de extrema gravedad, con unas elecciones presidenciales y parlamentarias a la vista la misma puede condicionar el futuro político del país.

Un elemento que afecta el desarrollo del proceso electoral es el victimismo con que el Partido de los Trabajadores (PT), al cual pertenecen Lula y Dilma Rousseff, vive los acontecimientos precipitados tras el "impeachment" que apartó a esta última del poder. En unas recientes declaraciones en Madrid, Rousseff sostuvo que lo ocurrido recientemente con Lula era parte del mismo golpe parlamentario y mediático que la había derrocado.

Al centrarse en su propia experiencia, Lula, Rousseff y el PT pierden la perspectiva no solo de lo que ocurre en Brasil, sino también en el resto de América Latina e incluso más allá. El umbral de tolerancia social con la corrupción ha disminuido por doquier como muestran los expresidentes, vicepresidentes o ministros amenazados de cárcel, o ya entre rejas.

En Brasil no es únicamente Lula el perseguido, ya que están en prisión más de 60 personas condenadas por actos corruptos, entre empresarios y dirigentes de los partidos políticos más variados.

Los efectos nocivos del caso Odebrecht se han derramado como una mancha de aceite por los países de la región, donde resulta bastante raro que la trama de compra de voluntades a cambio de suculentos contratos no haya afectado a su clase política. Prácticamente, el único que se salva es Venezuela y no porque allí la corrupción no existiera, más bien ocurre todo lo contrario, sino porque el presidente Maduro ha hecho lo decible y lo indecible para que el caso no le estalle entre las manos.

El autismo político del PT le permite hablar de una cacería contra Lula. Destaca el argumento de que no se puede enviar a la cárcel a un condenado en segunda instancia cuando aún están pendientes recursos ante tribunales superiores (...).