El juez Público y Comercial tercero de la ciudad de Camiri de la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de Garantías Constitucionales, Ernesto Velarde se declaró en una resolución judicial y sin convocar a las partes interesadas "incompetente por razón de territorio, disponiendo la remisión de los antecedentes ante el Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo e Instrucción Penal 1 de la localidad de Lagunillas".

El abogado Nelson de La Madrid, representante legal de las comunidades Tatarenda Nuevo y Yumao, lamentó que el juez Velarde, quien tenía la oportunidad de hacer prevalecer los derechos de los pueblos indígenas ante el atropello que realiza la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) haya optado por declararse incompetente. 

"Entre tanto continúa la socialización del proyecto, haciendo conocer las supuestas bondades y sin alertar de los serios impactos ambientales que representa esta hidroeléctrica", dijo a ANF.

Rositas es un megaproyecto hidroeléctrico, que inundaría 45 mil hectáreas de terrenos y dejaría bajo el agua a 12 comunidades indígenas y campesinas de las provincias de Vallegrande y Cordillera en el departamento de Santa Cruz. 

El jurista señaló que si el Juez de Lagunillas también se declara "incompetente" ante la presión que ejerce ENDE y la Procuraduría, se presentará denuncia en contra del Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y la mala praxis en la ejecución de megaobras, y se solicitará medidas cautelares en contra de la hidroeléctrica.

Cuestionó que el contrato firmado hace más de 18 meses entre ENDE y la Asociación Accidental Rositas (AAR) que se incrementó de 1.000 millones a $us 1.300 millones sin justificación aparente, para la ejecución de la ingeniería, construcción, montaje, suministro, pruebas y puesta en marcha del Proyecto Hidroeléctrico Rositas, se realizó sin antes realizar la consulta pública, previa e informada, y sin el consentimiento de las comunidades indígenas y campesinas afectadas.

El 4 abril, bajo la presión de un numeroso equipo jurídico de la Procuraduría General del Estado, el Juez de Garantías Constitucionales del Distrito Judicial de Cochabamba, quien admitió antes la acción popular presentada por indígenas de Santa Cruz en contra de ENDE y ordenó la paralización de toda actividad administrativa o jurídica de la hidroeléctrica Rositas, determinó inhibirse del caso y declinar su competencia. 

Sin embargo De la Madrid señaló que la Procuraduría admitió que la vulneración del derecho de los pueblos indígenas se cometió con la firma del contrato entre ENDE y la Asociación Accidental Rositas (AAR) para la ejecución de la ingeniería, construcción, montaje, suministro, pruebas y puesta en marcha del Proyecto Hidroeléctrico Rositas.

Entonces, el juez de Garantías Constitucionales, Óscar B. Ortiz determinó inhibirse de seguir conociendo la acción popular y declinó su competencia "por razón de territorio" y dispuso la remisión de los antecedentes al Juzgado de Turno de la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, "siendo el distrito más cercano y el domicilio de los accionantes el Departamento donde supuestamente ocurren las vulneraciones a los derechos y garantías".

El vicepresidente de la comunidad Moroco de la provincia Cordillera y representante de los propietarios privados, Benigno Barrientos denunció falta de información por parte de ENDE y acoso estatal permanente en la zona de influencia de Rositas.

"No nos informan, se nos acosa, y no conocemos ninguna alternativa. Durante tres años nos han venido acosando, no conocemos el resultado de los informes socioeconómicos y de impacto ambienta. (...). El Ministro de Energía en lugar de llamar a defender un proyecto hidroeléctrico debería decirnos ¿dónde hay 45 mil hectáreas de tierra para reubicar a los afectados", cuestionó.