Cuatro vocales y cuatro secretarios que trabajaron en la Sala Penal 3 del Tribunal de Cochabamba no solo incumplieron sus deberes, sino que retardaron la justicia deliberadamente en el caso Epizana.

Una investigación del Consejo de la Magistratura comprobó que, durante siete años y tres meses, estos funcionarios evitaron resolver, solamente, la apelación del bullado caso Epizana, pero sí cumplieron sus deberes sorteando y resolviendo otros procesos de 2010. Incluso las causas que ingresaron después de ese año, ya fueron resueltas, lo que permite interpretar que hubo una intencionalidad deliberada de dejar la sentencia condenatoria de los linchadores de policías “congelada”, con la finalidad de que la acción penal se extinga.

La representante departamental del Consejo de la Magistratura, Mabel Montaño, reveló ayer el resultado de la intervención efectuada por la Unidad de Control y Fiscalización de esa instancia en el proceso denominado caso Epizana.

“Evidentemente, se ha identificado que ocho personas, que fungieron como vocales y secretarios de cámara, entre 2011 y 2017, incurrieron en los delitos de incumplimiento de deberes y retardación de justicia. Por ello, el Consejo de la Magistratura oficializó (ayer) la denuncia penal ante el Ministerio Público”, detalló en conferencia de prensa.

La autoridad ratificó lo que OPINIÓN reveló el domingo 8 de abril en su Informe Especial. Durante siete años y tres meses, estos funcionarios incumplieron su deber de sortear el caso para que se emita una resolución de respuesta a la apelación presentada en 2010 por los ocho condenados a 30 años de cárcel por linchar a tres policías, el 26 de febrero de 2008.

“El Consejo de la Magistratura no puede omitir su deber, su obligación de denunciar estos actos ilícitos que no deben quedar en la impunidad. Pido a los entes del Estado, al Ministerio de Justicia y al Ministerio Público, que se pronuncien y se conviertan en partes coadyuvantes, tal como lo anunció el ministro Héctor Arce”, dijo Mabel Montaño.



LOS 8 IMPLICADOS La investigación del Consejo de la Magistratura identificó como responsables de incumplimiento de deberes y retardación de justicia a cuatro exvocales:

1.- Juan Marcos Terrazas Rojas, que fue vocal de la Sala Penal 3 de 1 de marzo de 2005 hasta el 1 de agosto de 2011.

2.- Wilfredo Patiño Soria que fue vocal desde el 20 de septiembre de 2008 hasta 12 de abril de 2015.

3.- Mirtha Gaby Meneces Gómez, que fue vocal desde el 1 de marzo de 2012 hasta el 1 de septiembre de 2017.

4.- Ever Richard Veizaga Ayala, desde el 16 de abril de 2015 hasta el 14 de octubre de 2015.

Además de estos exvocales, el Consejo de la Magistratura señaló que cuatro secretarios de cámara de la Sala Penal 3 incurrieron en incumplimiento de deberes:

1.- Wilfredo Jiménez Saavedra.

2.- Sandra Zarina Marañón Revollo.

3.- Fabiana Aguilar Aguilar.

4.- Adriana Ruíz Espinoza.

La representante del Consejo de la Magistratura explicó que, de acuerdo a la Ley 025, era obligación de estas ocho autoridades proceder con el sorteo de la causa de Epizana. Uno de los secretarios aún trabaja en el Tribunal de Justicia de Cochabamba. “Será la Fiscalía la que deberá imputar y acusar a estas personas ante los juzgados correspondientes”.

Consultada sobre si los ocho condenados serán recapturados, Montaño explicó que la Fiscalía y los abogados de las víctimas son quienes deben hacer “prevalecer sus derechos”, pues el Consejo no tiene potestad para instruir actos jurisdiccionales. “En el caso de que se extinga la acción penal en el caso Epizana, por duración máxima del proceso, será la Fiscalía la que debe ponderar el daño causado y adjuntar a la imputación la agravante prevista en delitos de retardación de justicia e incumplimiento de deberes”, describió.

A la pregunta de si los exvocales implicados que hoy fungen en altos cargos, como el representante de Viceministerio de Transparencia (Ever Veizaga) y la suplente del Consejo de la Magistratura, Mirtha Meneces Gómez, la representante dijo que será la máxima autoridad ejecutiva de esos cargos, la que determine su suspensión, en tanto dure su procesamiento.

Excusas “no tienen asidero”

La encargada distrital del Consejo de la Magistratura, Mabel Montaño, explicó que, de acuerdo a las pesquisas, los exvocales no podrán argumentar que semejante demora (siete años y tres meses en efectuar un sorteo), se debió a las acefalías de vocales en la Sala Penal 3 o a la mora judicial, tal como afirmó el ahora representante del Viceministerio de Transparencia en Cochabamba, Ever Veizaga.

“Se efectuó el análisis de las fechas en las que estuvo cada vocal en la Sala Penal y se verificó que si en algún momento hubo una acefalía fue por mínimo tiempo y eso no es óbice para cumplir con su deber, porque podían hacer quorum con vocales de otras salas”.

Cada secretario, vocal y presidente de Sala Penal tiene sus competencias y atribuciones establecidas de acuerdo a ley. “Los presidentes de sala y secretarios deben llevar el control del sorteo de las apelaciones, no pueden alegar que no se dieron cuenta”.

Precisamente, la verificación de que estos exvocales y secretarios sí sortearon causas que entraron a la Sala después del caso Epizana, pero obviaron la del triple linchamiento de policías”, es la que “nos permite formalizar denuncia penal contra estos exfuncionarios que omitieron su deber de sortear el caso Epizana y adelantaron los sorteos de causas más nuevas”, sostuvo Montaño.