La promesa hecha a sus votantes de levantar un muro en la frontera con México ha llevado al inquilino de la Casa Blanca a relacionar la inmigración centroamericana con la delincuencia y la inseguridad en Estados Unidos, en un intento de justificar el endurecimiento de su política migratoria.

En la lógica de este discurso extremo, Donald Trump ha lanzado su particular "cruzada" contra los inmigrantes ilegales a los que asocia con asesinos, narcotraficantes y pandilleros de la Mara Salvatrucha, un colectivo criminal y extremadamente violento, creado en la década de los ochenta en Los Ángeles por los hijos de refugiados salvadoreños como defensa a los actos de xenofobia y marginación que sufrieron en la adaptación a su país de acogida.

Un argumento que le sirve al Mandatario estadounidense para culpar a la política de "fronteras abiertas" de la muerte de muchas personas en su país y considerar la construcción del muro en la frontera con México como solución para hacer frente a la violencia y la inseguridad.

Además de levantar el muro, Trump ha anunciado otras medidas. Entre ellas la supresión de programas de protección, concedidos por razones humanitarias, la aplicación de un impuesto sobre las remesas que los inmigrantes envían, que contribuyen de manera notable a las economías de sus lugares de origen, y la expulsión de los miembros de las maras que actúan en Estados Unidos.

La primera medida antiinmigración se anunció en septiembre de 2017 con la decisión de no renovar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en sus siglas en inglés). Este programa permitió regularizar a los niños que entraron ilegalmente en Estados Unidos, pero que tiene carácter temporal y no significa la ciudadanía inmediata para sus beneficiarios, conocidos como "dreamers" (soñadores), por el nombre de la ley (DREAM) y en referencia al "sueño americano".

En cuanto a las maras (pandillas), tanto el presidente Trump como el fiscal general, Jeff Sessions, están llevando una estrategia coordinada de acusar a la Salvatrucha de atentar contra la seguridad pública y amenazan con deportaciones masivas de sus miembros.

Esto no sería nuevo, ya que entre 1996 y 2002 fueron expulsados cerca de 31.000 delincuentes con condena a Centroamérica. De ellos 12.000 a El Salvador, donde encontraron un Estado frágil, tanto política como económicamente, todavía en fase de recuperación de la guerra civil que asoló el país. Los pandilleros aprovecharon esas condiciones para fortalecer sus estructuras y convertirse en la amenaza a la seguridad que son hoy día.

Al mismo tiempo estos grupos se expandieron de Los Ángeles a otras ciudades de EEUU con poblaciones de inmigrantes considerables, lo que provocó que un problema inicial de unos cientos de pandilleros terminó convertido en la existencia de 10.000 miembros de la Salvatrucha en Estados Unidos y un aumento de 30.000 en Centroamérica.

En sus alegatos contra la MS-13, Trump y Sessions se turnan para identificarla como un grupo terrorista, que equiparan con Al Qaeda, o como un poderoso cartel de la droga, y califican a estos pandilleros como ladrones, violadores, asesinos y animales, a los que ponen como paradigma de los riesgos de la inmigración ilegal.