La trágica muerte de dos jóvenes militares que prestaban servicios en la Unidad de Control Aduanero en Sabaya llenó de indignación y consternación a la población, que estupefacta presencia el poder que en la última década ha ido adquiriendo la delincuencia organizada dedicada al contrabando, al narcotráfico, la trata de mujeres y niñas y otras actividades criminales.

Como ya es sabido cuando suceden las situaciones como esta, la respuesta de las autoridades es endurecer las penas, a lo que ahora se añade delegar el control aduanero al Ejército y la Policía, dándoles facultades para el uso de su armamento y proceder a la aprehensión de los involucrados en actividades de contrabando. Casualmente en los tres primeros meses de este año y cuando la ciudadanía de manera insistente y echando mano a todos los recursos legales y pacíficos busca que el Gobierno de Evo Morales respete los resultados de la consulta del 21F, y luego de haber experimentado el rechazo contundente a sus pretensiones de perpetuarse en el poder, es que suceden hechos trágicos como la muerte de personas resultado del estallido de dos bombas en Oruro, cuya autoría se desconoce, no obstante de haber transcurrido más de un mes; los motines en la cárcel de Palmasola y la ejecución de dos militares, según el informe oficial, por sicarios que operarían en la amplia frontera con Chile.

Llama sobremanera la atención que ahora el Gobierno haya tomado el tema del contrabando como una de sus preocupaciones, cuando sabemos que esta actividad fue fomentada más que nunca.

Queda muy fresca en la memoria la tragedia del El Porvenir y los 33 camiones de contrabando, hecho sobre el que tampoco se ha investigado, mucho menos brindado explicación coherente, al contrario, la persona señalada como autora de dichas actividades fue premiada con altos cargos en la administración pública y la función diplomática.

Si el estado de descomposición ética ha llegado a extremos tan graves con la permisividad que ha mostrado la administración gubernamental a lo largo de estos años, ¿por qué ahora proponen el endurecimiento de sanciones y modificar los reglamentos sobre uso de armas, si es sincera la voluntad de luchar efectivamente contra las lacras sociales? ¿Por qué no se busca asesoramiento internacional? Ante total pérdida de credibilidad del Gobierno, la sospecha es que se viene generando un clima de violencia delincuencial que antes le tuvo sin cuidado, pero que ahora puede ser un buen motivo para la represión indiscriminada, como sucedió después de la masacre del Porvenir y el hotel “Las Américas”. Oscuros nubarrones sobre Bolivia.