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DESDE EL CUARTO PROPIO

Teodora y más mujeres libres

Teodora y más mujeres libres
En julio de 2007, Teodora Vásquez, salvadoreña de 24 años, vivió una emergencia obstétrica. Estando embarazada de nueve meses, sintió intensos dolores que la motivaron a solicitar auxilio a servicios de emergencia que nunca llegaron, provocando un parto en el baño de la escuela en la que trabajaba y dando a luz a un niño muerto e iniciando su pesadilla.

Las autoridades judiciales asumieron que Teodora se había realizado un aborto y fue acusada de asesinato agravado y condenada a 30 años de prisión, en clara violación de las garantías constitucionales, particularmente de la presunción de inocencia. El Salvador es uno de los siete países con las mayores restricciones en relación a aborto del mundo, junto a Surinam, Nicaragua, Andorra, Malta, Honduras y Haití. El código penal salvadoreño no permite abortos en ninguna circunstancia y ha llevado a más de 30 mujeres a enfrentar acusaciones de homicidio agravado, por casos de partos extrahospitalarios con complicaciones, abortos espontáneos y otras situaciones de emergencia obstétrica. Después de 11 años en prisión, un largo proceso judicial, una intensa campaña internacional de organizaciones de derechos humanos y el apoyo de Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Teodora fue liberada.

La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público decidieron conmutar la pena de 30 años, por no haber encontrado pruebas de ninguna acción voluntaria que condujera a la muerte al feto que gestaba. Y aunque consiguió la libertad, la estrategia de defensa continúa para demostrar que no cometió ningún delito y obtener reparación por haber sido injustamente encarcelada.

Organizaciones internacionales, incluido el Comité de la Convención para la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las mujeres (CEDAW) han hecho recomendaciones y un llamado a las autoridades salvadoreñas para revisar la legislación vigente e impulsar reformas para que las mujeres en El Salvador accedan a abortos seguros en casos de violación, riesgo de la salud y vida de las mujeres y cuando la vida del feto sea inviable. El caso ha abierto una ventana de oportunidad para el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y lograr avances para la liberación de otras mujeres como Maira Verónica Figueroa, presa durante 16 años por un aborto espontáneo luego de haber sido víctima de violación.