El anuncio de un juicio en Estados Unidos al expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada fortalece la esperanza de los familiares de las víctimas de la represión militar que dejó 68 muertos y al menos 400 heridos en las jornadas conocidas como "Octubre Negro".

Después de casi 15 años de la masacre que se vivió en las ciudades de La Paz y El Alto, los familiares de las víctimas reciben una buena noticia, tras el anuncio del Gobierno boliviano que confirmó el 21 de febrero pasado el juicio civil contra Sánchez de Lozada para el 5 de marzo próximo.

Esta será la primera vez que un expresidente de Bolivia "se siente" en el banquillo de los acusados en una corte en Estados Unidos, lo que abre la posibilidad de que Gonzalo Sánchez de Lozada, también conocido como Goni, sea obligado a resarcir los daños civiles a los familiares de las víctimas.

Una sentencia condenatoria puede allanar, de alguna manera, el camino para la extradición del expresidente.

Y si bien la posibilidad de la extradición es todavía lejana, los familiares de las víctimas no pierden la ilusión de que en algún momento se lo consiga, tal como sucedió con el exdictador Luis García Meza, quien fue devuelto al país desde Brasil el 15 de marzo de 1995.

Una de las demandantes en el caso Goni, según la agencia EFE, es Etelvina Ramos Mamani, cuya hija de ocho años murió cuando un tiro entró por la ventana de su vivienda. Exige que Goni pague el daño civil y sea procesado penalmente en el país.

Al igual que ella, decenas de familiares de las personas fallecidas y heridas peregrinan desde hace tres lustros en busca de justicia. Acudieron a diferentes instancias, nacionales e internacionales, y realizaron huelgas de hambre y movilizaciones.

Uno de los abogados de los familiares de las víctimas Rogelio Mayta adelantó, sin embargo, que "se trata de un escenario complejo", toda vez que el juicio se realizará en un país extranjero por hechos que han ocurrido en Bolivia, según cita la agencia EFE.

Sánchez de Lozada, quien gobernó Bolivia en dos periodos (1993-1997 y 2002-2003), radica en EEUU desde octubre de 2003, tras renunciar a su segundo mandato y huir al extranjero.

El actual Gobierno reclamó formalmente a Estados Unidos la extradición de Sánchez de Lozada para que el exmandatario responda a un juicio en el que está acusado de genocidio.

El presidente Evo Morales celebró la decisión de enjuiciar a Gonzalo Sánchez de Lozada y pidió a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que deje de proteger a asesinos del pueblo y facilite la extradición de las exautoridades acusadas.

Además de Sánchez de Lozada, el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín también será procesado por la justicia de Estados Unidos.

La acción civil en contra de las dos exautoridades fue iniciada en 2007 por la Asociación de Familiares de Caídos en Defensa del Gas.

Los demandantes esperan obtener indemnizaciones si el juez considera que los demandados planificaron las matanzas extrajudiciales durante las protestas de octubre de 2003.

Lo que resta ahora es que tanto los abogados de los demandantes como el Gobierno nacional estén pendientes de los pormenores del proceso. Los primeros, presentando todas las pruebas que tienen en sus manos, y los segundos apoyando con los recursos necesarios durante el tiempo que dure el juicio.

Creemos que se debe evitar, de ahora en adelante, contaminar este proceso judicial con la política; es decir, que ni opositores ni oficialistas intenten obtener réditos, porque se debe respetar la memoria de quienes perdieron la vida en los luctuosos hechos de octubre, que dejaron una profunda herida en el país.

Por lo pronto, queda un camino largo y tortuoso que se lo debe afrontar con la mayor entereza.