Ambas ex autoridades serán juzgadas por la represión y las muertes provocadas en Bolivia durante el, así llamado, ´octubre negro´, que dejó el saldo de más de 60 muertos y que se originó en contra de la decisión del Gobierno de Sánchez de Lozada de exportar gas boliviano a Estados Unidos a través de un puerto chileno. Tras el conflicto, ambas autoridades se fugaron a Estados Unidos.

"La información que llegó hoy es que los jueces de Estados Unidos han aceptado enjuiciar a Gonzalo Sánchez de Lozada y a Sánchez Berzaín (...) El 5 de marzo va a comenzar el juicio, lo van a enjuiciar por las muertes y la represión del 2003", aseguró García Linera en un acto de entrega de viviendas desarrollado en Calamarca.

Según el informe del Center for Constitucional Rigths, el juicio contra las ex autoridades bolivianas comenzará en la corte federal en Fort Lauderdale, Florida el 5 de marzo de 2018.

Será la primera vez que un ex-jefe de estado se sentará frente a sus acusadores en un juicio civil de derechos humanos en una corte en los Estados Unidos. La semana anterior, el juez federal rechazó el último esfuerzo de los acusados a evitar el juicio.

Según los antecedentes del caso, las familias de ocho Bolivianos que fueron asesinados demandaron a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín alegando que las ex autoridades planificaron las matanzas extrajudiciales. La demanda alega que, meses antes de la violencia, los dos acusados idearon un plan para matar a miles de civiles, e intencionalmente usaron fuerza letal en contra de las protestas políticas para reprimir la oposición política. Encima de las muertes, se disparó a más de 400 civiles desarmados que salieron heridos.

En 2016, una corte de apelación de los Estados Unidos sostuvo que los demandantes pudieron seguir con sus reclamaciones bajo el Acto de Protección para Las Víctimas de Tortura (TVPA por sus siglas en ingles), lo cual autoriza casos en el tribunal federal de Estados Unidos para matanzas extrajudiciales. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín luego pidieron que la Corte Suprema de Estados Unidos tomara el caso, y fueron negados. Después de revisar la evidencia colectada de los dos lados, el Juez de la Corte del Distrito James Cohn ordenó el 14 de febrero que los demandantes habían presentado suficiente evidencia para seguir al juicio.

"Este juicio ofrecerá al pueblo Aymara, que históricamente ha sido excluida de la justicia, una oportunidad para testificar sobre los eventos que resultaron en docenas de muertes y cientos de heridas," dijo Beth Stephens, una abogada para los demandantes, cooperando con el Centro de Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights).

La demanda alega reclamaciones de nueve demandantes incluyendo: Etelvina Ramos Mamani, cuya hija de ocho años Marlene fue asesinada en el dormitorio de su madre cuando una sola bala fue disparado a través de la ventana; Teofilo Baltazar Cerro, cuya esposa embarazada Teodosia fue asesinada cuando se disparó una bala a través de la pared de una casa; Felicidad Rosa Huanca Quispe, cuyo padre de 69 años fue asesinado a tiros al lado de una carretera; y Gonzalo Mamani Aguilar, cuyo padre Arturo fue asesinado a tiros mientras cuidaba sus cultivos.

Los familiares son representados por un equipo de abogados del Centro de Derechos Constitucionales, La Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de Harvard, y los bufetes de abogados Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld, LLP, Schonbrun, Seplow, Harris & Hoffman, LLP, y Akerman LLP. Abogados de la organización Dejusticia son abogados cooperantes.