Han pasado 10 años pero sigue procurando que el Juzgado Público de Familia posibilite que su expareja, con quien tiene un hijo, cumpla con su obligación de brindar asistencia familiar. "He gastado mucho dinero en abogados, notificaciones, mandamientos y no he logrado efectivizar el pago. El padre de mi hijo se ha desentendido de su obligación y prácticamente ha desaparecido", dice Sandra M. quien prefiere no identificarse para ahorrarse más humillaciones.
Sorteando todos los procedimientos legales presentó al juzgado pruebas objetivas de los bienes de su expareja, con la esperanza de que puedan ser retenidos para el pago de las pensiones, "hasta que el juez admita mi petición para la anotación preventiva, pasaron tres años, tiempo en el cual transfirió sus bienes a terceros y sus cuentas bancarias fueron cerradas. De pronto no tenía nada a su nombre ni domicilio donde encontrarlo", explica con lágrimas de impotencia y frustración porque supone que ya fueron agotados todos los mecanismos establecidos en el Código de las Familias y que su demanda quedará irresuelta.
Sandra M. es una más, entre las miles de madres, que peregrinan todos los días en los juzgados de Familia en busca de asistencia para sus hijos. Son mujeres que han asumido, en total abandono, el cuidado, la alimentación, vivienda, educación y salud de sus hijos, la mayoría sin un sustento económico ni la formación necesaria para insertarse al mercado laboral.

La asistencia familiar se paga a "cuentagotas"

Janeth S. inició su divorció hace ocho años. El juez le fijó una asistencia de Bs 400 (el 20 por ciento del salario mínimo nacional) porque su exesposo no cuenta con una fuente laboral estable, "no tengo manera para demostrar sus ingresos reales para pedir un incremento de pensiones, lo que me da no me alcanza ni para cubrir los estudios de mis hijos, además me amenaza con dejar de visitarlos", relata con pena.
Otro de los grandes problemas que enfrentan las madres que acuden a los juzgados de Familia es demostrar los ingresos reales de su expareja para que el juez, en base a las necesidades de los hijos y las posibilidades económicas de los padres, pueda fijar una pensión que cubra mínimamente el 50 por ciento del gasto mensual de la familia, tal como establece el Código de las Familias.
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