PEZ ESPADA
Breves historias del Código Penal Boliviano
14 de enero de 2018 (19:17 h.)
Solo se conocen cuatro grandes reformas al Código Penal Boliviano. En el gobierno de Andrés de Santa Cruz, Hugo Banzer Suárez, Gonzalo Sánchez de Lozada y Evo Morales Ayma. Siendo en estos dos últimos periodos donde se ratifica la eliminación de la pena de muerte y la máxima condena de 30 años sin derecho a indulto.
El ajusticiamiento de los revolucionarios paceños de 1809 quizá sea el hecho más conocido sobre la historia de las ejecuciones en el país. Los protomártires de la Independencia fueron ejecutados bajo las leyes españolas, aplicándoseles supletoriamente el garrote o el fusilamiento. Otro hecho inédito ocurrió en 1899 durante el proceso a 250 indígenas de cuatro ayllus, juzgados por la matanza de un escuadrón liberal aliado en la revolución federal y la rebelión indígena de Pablo Zárate Willka. Se ordenó la ejecución de 32 indígenas en la plaza Murillo.
Mariano Melgarejo fue uno de los mandatarios que más utilizó este castigo, en una ocasión contra el periodista Cirilo Barragán por criticar su régimen, y en otra contra su médico, a quien amenazó con el fusilamiento si no le curaba la migraña.
Germán Busch votó por la ejecución del barón del estaño Mauricio Hochschild, quien se resistió a la determinación gubernamental que obligaba a los empresarios a entregar sus divisas mineras al Estado. La misma pena aplicó Busch contra el sacerdote Severo Catorceno, acusado de violar a una niña de siete años en Arampampa; más tarde se comprobó que Catorceno era inocente.
En 1971, lo primero que hizo Banzer fue imponer un decreto donde restablecía la pena de muerte en determinados delitos, desconociendo la Constitución de 1961 que la prohibía. Fue en este periodo que se registra la última condena a muerte. Melquiades Suxo Quispe acusado de violación, tortura y asesinato de María Cristina, una niña de cuatro años. Banzer decidió su ejecución por fusilamiento. Ante estos relatos, queda analizar tres aspectos: Primero, que en Bolivia el Sistema Judicial siempre ha estado sometido al poder político en menor o mayor intensidad, la independencia de poderes y el Estado de Derecho son utopías burguesas; segundo, que el nuevo Código Penal contiene importantes avances para proteger la vida de acuerdo a los tiempos actuales; y tercero, que toda reforma afecta intereses sectarios y, por ende, genera resistencia. Afortunadamente, la democracia nos permite el disenso y el consenso. En dictadura ya se hubiera decretado el fusilamiento.
El ajusticiamiento de los revolucionarios paceños de 1809 quizá sea el hecho más conocido sobre la historia de las ejecuciones en el país. Los protomártires de la Independencia fueron ejecutados bajo las leyes españolas, aplicándoseles supletoriamente el garrote o el fusilamiento. Otro hecho inédito ocurrió en 1899 durante el proceso a 250 indígenas de cuatro ayllus, juzgados por la matanza de un escuadrón liberal aliado en la revolución federal y la rebelión indígena de Pablo Zárate Willka. Se ordenó la ejecución de 32 indígenas en la plaza Murillo.
Mariano Melgarejo fue uno de los mandatarios que más utilizó este castigo, en una ocasión contra el periodista Cirilo Barragán por criticar su régimen, y en otra contra su médico, a quien amenazó con el fusilamiento si no le curaba la migraña.
Germán Busch votó por la ejecución del barón del estaño Mauricio Hochschild, quien se resistió a la determinación gubernamental que obligaba a los empresarios a entregar sus divisas mineras al Estado. La misma pena aplicó Busch contra el sacerdote Severo Catorceno, acusado de violar a una niña de siete años en Arampampa; más tarde se comprobó que Catorceno era inocente.
En 1971, lo primero que hizo Banzer fue imponer un decreto donde restablecía la pena de muerte en determinados delitos, desconociendo la Constitución de 1961 que la prohibía. Fue en este periodo que se registra la última condena a muerte. Melquiades Suxo Quispe acusado de violación, tortura y asesinato de María Cristina, una niña de cuatro años. Banzer decidió su ejecución por fusilamiento. Ante estos relatos, queda analizar tres aspectos: Primero, que en Bolivia el Sistema Judicial siempre ha estado sometido al poder político en menor o mayor intensidad, la independencia de poderes y el Estado de Derecho son utopías burguesas; segundo, que el nuevo Código Penal contiene importantes avances para proteger la vida de acuerdo a los tiempos actuales; y tercero, que toda reforma afecta intereses sectarios y, por ende, genera resistencia. Afortunadamente, la democracia nos permite el disenso y el consenso. En dictadura ya se hubiera decretado el fusilamiento.