Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
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No es la ley, son los gobernantes

No es la ley, son los gobernantes
Las recientes movilizaciones en el país, además de entusiasmos y adherencias, suscitan escepticismo en determinados sectores, especialmente conservadores. Ya se ha vuelto un lugar común en la arena del debate político, subestimar las aptitudes y potencialidades de la clase media para producir cambios sociales profundos y para consumar auténticas insurrecciones. Se repite así, siguiendo un antiguo eslogan, que los clasemedieros, tipos apáticos y piolas por naturaleza, son incapaces de movilizarse en las calles, y que su actitud “revolucionaria” se circunscribe a despotricar en las redes sociales, a través del copy-paste y de la reproducción de memes. Claro está, que tales invectivas provienen, en circuito cerrado, de la propia clase media; de quienes apoltronados en su zona de confort y sin salir jamás de su burbuja cibernética, asumen la posición de inflexibles gendarmes y agudos críticos de la sociedad. La clase media es, pues, la única clase social que en esencia es enemiga de sí misma; por eso se fagocita en el pantano de sus propios prejuicios. Quienes ahora subestiman las movilizaciones de la clase media, quizás debían recordar, sin embargo, sucesos significativos como la Guerra del Agua, los cabildos de Santa Cruz, o la propia insurrección del año 2003. De hecho, el actual Gobierno no estaría en el poder sin el espaldarazo final de esta clase social, tan injustamente menospreciada.

Hay que reconocer, sí, que la avalancha de desinformación de la era digital, ha gestado hordas irreflexivas de internautas que se conducen sin propósitos ni objetivos políticos definidos. Recuerdo que antaño, desde la “intelligentsia” clasemediera, se descalificaban a las movilizaciones populares, campesinas e indígenas, bajo el argumento de que las mismas actuaban por simples consignas. Cuando se preguntaba a un campesino por qué bloqueaba un camino, no sabía responder, o aducía que era obedeciendo a su sindicato, para evitar multas o sanciones. El “meme” parece ser ahora la consigna de las clases medias. Preguntad a los ciudadanos movilizados cuál es su demanda. La abrogación del CSP, responderán. Pero preguntadles, luego, si han leído esta norma, o qué disposiciones específicas consideran nocivas. Tal vez reinará un incómodo silencio, o la mayoría responderá invocando las muletillas que circulan masivamente por el WhatsApp, referidas a los consabidos artículos sobre la protesta social, el microtráfico, la defraudación tributaria, etc.

Sin embargo, detrás de toda esta humareda cibernética, existe un objetivo preciso que constituye el verdadero baluarte de este movimiento ciudadano, gracias al cual ha logrado incluso la adherencia de otros sectores corporativizados de la sociedad, que podrían finalmente jaquear al Gobierno. Y es que cuando se ha resquebrajado la legitimidad de un régimen –con una violación flagrante de la soberanía popular expresada en las urnas- carece ya de sentido enfrascarse en disquisiciones legales. Volver a los cauces democráticos por vía de la “legalidad formal”, debatiendo sobre normas jurídicas, equivale a discutir sobre el color con el que se pintará una fachada, cuando la edificación está por derrumbarse.

Al Gobierno le conviene que el objetivo de las movilizaciones se centre en el CSP. Así, logra enfrentar y escindir a la clase media, a los profesionales (sobre todo abogados), arrojándolos a un debate académico y escolástico sin sentido. La clase media no debe morder este anzuelo. ¿Se debe rechazar el CSP? Claro que sí, pero no porque tal o cual artículo sea nocivo o nefasto, sino porque los órganos y las autoridades que lo aplicarán, que lo utilizarán, que lo emplearán, son nocivos y nefastos.

¿O es que ya se olvidó lo que hizo el írrito TCP en su espuria SCP 0084/2017? ¿Importó en algo la CPE, su contenido, sus méritos o deméritos? ¿Ya se olvidó qué clase de Órgano Judicial, servil y cooptado, aplicará el CSP? El respeto al voto del 21F, ese es el objetivo medular y legítimo de las movilizaciones; pero no se puede escindir asépticamente la esencia de la demanda y vitorear, como muchos cándidos pretenden ¡reelección no, código sí! ¿Es razonable acaso entregar una ley, por moderna y vanguardista que sea, en manos de autoridades déspotas que la usarán como plastilina? ¿Entregarían un automóvil último modelo, cero kilómetros a un mal piloto, que lo siniestrará tan pronto como se engolosine en el volante?