Por ser un hecho ajeno a nuestra realidad, probablemente le resulte curioso a usted, estimado lector, que en muchos países existan carreteras públicas y privadas. Por las primeras, desde luego, pueden circular todos, con lo que el tráfico suele hacerse lento. Las segundas están reservadas a quienes pueden pagar y, por ello, son más rápidas. Así, el derecho de trasladarse o, mejor dicho, el mejor ejercicio de este derecho tiene un costo que no muchos pueden cancelar. Algo similar sucederá en adelante con internet, hasta ayer una única “carretera” y una herramienta imprescindible para la vida moderna. Aunque lo que ocurrirá implica serios agravantes como que incluso, para seguir con la analogía del principio, las empresas puedan impedir el traslado a los carros que les vengan en gana.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos aprobó ayer la supresión de la "neutralidad en la red", la norma impulsada en 2014 por el entonces presidente Barack Obama, que protegía internet como un servicio público, reflejó la agencia EFE. La Comisión, con mayoría republicana, aprobó, por tres votos a favor y dos en contra —los demócratas— acabar con el principio de "neutralidad de la red" abanderado por Obama y ratificado en una norma por la FCC en 2015.

Esta regulación impedía que las compañías proveedoras de internet pudieran bloquear o ralentizar a su antojo cualquier portal, sin importar el tipo de contenido. De esta forma, cuando se haga efectiva la nueva norma, las proveedoras del servicio tendrán libertad para bloquear o reducir la velocidad de carga de las webs. Las compañías podrán elegir si bloquear o dar prioridades a unas páginas sobre otras, como medios de comunicación o portales de emisión de videos, lo que pondrá en jaque el libre acceso a la red en igualdad de condiciones para consumidores y plataformas menores.

Lo sucedido ha sido rechazado con profunda preocupación por ciudadanos, activistas y medios alrededor del globo. El diario español El País, por ejemplo, señaló: “El cambio (…) ha llegado de la mano de los grandes proveedores. Gigantes de las telecomunicaciones como Comcast, AT&T o Verizon se han aliado con la administración de Donald Trump para romper el dique legal que evitaba precisamente que esas empresas acabasen imponiendo sus dictados en el tráfico y los contenidos de la red. Bajo el sistema aprobado en la era de Barack Obama, el operador debía ofrecer siempre el mismo trato. Se le impedía bloquear el acceso a páginas web, lentificar la conexión o acelerarla bajo pago. El criterio era la equidad. Evitar la discriminación. Salvaguardar la neutralidad del sistema nervioso del conocimiento mundial. Todo ello se ha venido hoy abajo”.

Se trata, pues, de una hecatombe que pone además en serio riesgo la libertad de expresión planetaria. En adelante, los contenidos de internet estarán sujetos a los designios de ejecutivos de grandes corporaciones, en complicidad con el poder político conservador del país más poderoso del mundo. A más de ello, el asunto tendrá también consecuencias económicas para los negocios más pequeños que podrían perder toda visibilidad, al tiempo que los ciudadanos en general podrían estar sujetos a nuevas tarifas por servicios antes gratuitos. “Se abre la puerta a que negocien acuerdos con portales, a que puedan ofrecer paquetes de servicios de internet parecidos a los de las televisiones por cable, y que, a la postre, doten de mayor velocidad a sus asociados en detrimento de los que no. E incluso, según los expertos, que bloqueen a quienes compitan con sus ofertas”, informó El País.

Se trata, en suma, de una nueva y peligrosa era que ahonda los beneficios de unos pocos, con el grave perjuicio una enorme mayoría que estará sujeta al arbitrio económico e ideológico de los primeros. Lamentable.