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Iniciativa sobre seguridad plantea dudas sobre DDHH en México

| | 06 dic 2017

La posible proliferación de violaciones a los derechos humanos, la perpetuación del Ejército en las tareas de seguridad pública y la falta de transparencia son las principales dudas que despierta una iniciativa sobre seguridad interior, en momentos en que la crisis de violencia se agudiza en México.

Los senadores decidirán esta semana si aprueban o no el proyecto de Ley de Seguridad Interior, que el 30 de noviembre consiguió pasar en la Cámara de Diputados con 215 votos a favor, 101 en contra y 4 abstenciones.

La norma, según organizaciones civiles e instituciones de derechos humanos -que han manifestado un rechazo unánime a la propuesta- no hace sino legitimar un plan de seguridad fallido, y no contempla una estrategia para favorecer que los militares regresen a los cuarteles. Este retorno, de forma "gradual", fue una de las promesas del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, quien ahora, a un año de finalizar su mandato (2012-2018), urgió al Legislativo aprobar la ley por la "imperiosa necesidad" de dar certidumbre a las Fuerzas Armadas y a la sociedad.

"La Ley de Seguridad Interior prolonga un modelo de seguridad fallido", señalaron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Universidad Iberoamericana, sobre la estrategia iniciada en el marco de la llamada guerra contra las drogas lanzada por el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). La iniciativa, alertaron, "podría producir un efecto de militarización irreversible". El dictamen aprobado por los diputados "incluye una amplia y ambigua definición de lo que es seguridad interior, lo que en la práctica derivaría en la identificación discrecional de riesgos y amenazas que justificarían la intervención militar".

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió que el proyecto conlleva "la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicos" de los ciudadanos. Entre los impulsores de la ley está el senador Roberto Gil, quien asegura a Efe que el proyecto "no incorpora un nuevo supuesto en la intervención de las Fuerzas Armadas diferente al que ya se prevé desde hace doce años en la Ley de Seguridad Nacional", y no implica que se involucren en las tareas de seguridad pública.

Lo que regula es "cuándo, cómo y en qué circunstancias pueden hacerse cargo de ciertas funciones ya previstas en la propia ley", como la vigilancia del espacio aéreo mexicano, argumenta.

La posibilidad del presidente de enviar a los militares para realizar tareas a diferentes territorios del país, señala el senador, es ahora "una función discrecional". En cambio, el proyecto establece que el mandatario debe acreditar que se cumple uno de los supuestos contemplados por la normativa, hacer un plan de intervención y fijar su temporalidad, entre otros aspectos.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad al Hussein, pidió hoy a México detener la iniciativa, que "no es la respuesta adecuada" frente al "enorme problema en materia de seguridad" que afronta el país. Y es que México vive un momento delicado en cuanto al impacto de la violencia. El pasado octubre se registró la cifra récord de 2.371 homicidios, lo que hizo de este mes el más violento en dos décadas.

Con este dato, además, el acumulado de los diez meses ya supera el total de los asesinatos cometidos en 2016, y convierte a 2017 en el año más violento desde el inicio del sexenio (...).

(Tomado de la agencia EFE)





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