Desde hace dos meses el Juzgado Noveno de la Capital demora, sin explicación, en el sorteo de jueces para la apertura del juicio contra Aníbal B.A. acusado de violar y cometer abuso deshonesto contra sus dos hijas.
La denuncia fue formulada por Cecilia Rivera, madre de las menores, que desde hace un año busca justicia y espera se sancione al progenitor responsable de los vejámenes.
En declaraciones a ANF, detalló que el hecho ocurrió en Warnes pero presentó la denuncia en Santa Cruz "por temor a las represalias y esperando neutralidad y celeridad en el proceso", desde hace un año realiza el seguimiento diario del proceso.
Denunció que en la etapa de investigación, el policía a cargo de la colecta de evidencias en la escena del crimen perdió valiosas pruebas que demostraban la culpabilidad del acusado.
"Cuando una de las niñas se animó a contar lo que le ocurría condujo a los investigadores hasta el lugar donde su padre dejó los condones que utilizaba para la violación y el policía perdió esas pruebas", dijo Rivera, a tiempo de identificar al policía Urbano Q. como responsable de esa irregularidad.
Meses más tarde también desaparecieron del expediente los mensajes de WhatsApp que el padre violador enviaba a una de las víctimas "tratando de seducirla e instándole a que cambie su testimonio sobre lo ocurrido".
Rivera, desde que presentó la denuncia, se ha visto obligada a concurrir todos los días a los estrados judiciales para hacer seguimiento de la causa. "Es un verdadero infierno, han intentado acusarme de haber encubierto a mi exmarido, han revictimizado a las niñas durante largos interrogatorios y han incumplido los plazos establecidos en la norma para sancionar este tipo de delito", señaló.
El pasado 17 de noviembre, se ha cumplido un año de la denuncia y si bien se logró que un juez cautelar determine la detención preventiva del agresor en la cárcel de Palmasola, por violar a su hija mayor desde los 10 años y cometer abuso deshonesto contra la hija menor, el caso aún no está resuelto.
Rivera aseguró que tanto ella como las víctimas son permanentemente acosadas por la familia. "Con amenazas intentan que abandonemos el proceso", sostuvo.
La madre de familia demanda que las autoridades competentes instruyan al Juzgado Noveno de la Capital proceder al sorteo correspondiente para el inicio del juicio.
Dicho juzgado está a cargo de Ana María Paz, Arminda Alba y Wilson Espada, uno de los cuales tendrá que conducir el proceso penal instaurado contra el padre violador.
El caso registrado con el código 201629622 está en la base de datos de la Red Ciudadana Contra el Infanticidio y el Abuso Sexual Infantil de Santa Cruz, como uno de los ejemplos emblemáticos de retardación y denegación de justicia para las víctimas.