El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, cumplió ayer un año de su elección, acosado por la titánica tarea de recuperar la isla de un destructivo huracán y sacarla de la bancarrota. Dentro de tres años, cuando el mandato de Rosselló finalice, sin duda su gestión al frente de la recuperación de la devastación causada en la isla por el paso del ciclón el pasado 20 de septiembre habrá marcado sus años como gobernador, salvo que logre una recuperación económica casi milagrosa que tiene a Puerto Rico con unos 70.000 millones de dólares de deuda.

La grave crisis financiera y económica que vive la isla es otro de los grandes retos a los que ha tenido que hacer frente en este año de gestión en el que Rosselló se vio obligado a declarar la quiebra de Puerto Rico. La declaración de quiebra de Puerto Rico, con el objetivo de reestructurar una deuda impagable, hizo que se convirtiera en el proceso de bancarrota más grande de un territorio bajo la jurisdicción de Estados Unidos.

El Gobierno de Puerto Rico continúa, al día de hoy, sumido en graves problemas financieros —profundamente agravados por el costo de la recuperación del huracán María— y enfrentado a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad de control federal impuesta por Estados Unidos, mientras la jueza Laura Taylor Swain se encarga de un proceso de quiebra que trata de conciliar los intereses del Ejecutivo y acreedores.

La quiebra se rige bajo el capítulo III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), aprobada hace un año por el Congreso en Washington para atender la llamada del Ejecutivo de San Juan ante el caos que se avecinaba.

A lo largo de este año de gestión, Rosselló también ha protagonizado varias luchas de poder con la JSF, la última de ellas por el nombramiento de parte de dicho ente de lo que llamó un "Oficial de Transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)". Un nombramiento que los analistas vieron como un responsable de facto de la AEE que, consideran, se haría cargo de supervisar una futura privatización de esta compañía estatal, con escasos recursos y personal, que tiene la difícil tarea de levantar una red eléctrica prácticamente tumbada por el paso del ciclón hace casi 50 días. Una tarea que ha estado salpicada de escándalos que han afectado al Gobierno de Rosselló, como la contratación de la empresa eléctrica estadounidense Whitefish, que al final fue suspendida, por sospechas en el fondo y forma del contrato.

Tras la elección del exgeneral Noel Zamot para la AEE, el gobernador se apresuró a recordar a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que tiene un papel limitado (...).