Cochabamba, domingo 19 de noviembre de 2017
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DE FRENTE

Problemas en la justicia

| | 05 nov 2017

La Asociación de Magistrados de Bolivia presentó, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un informe sobre la independencia judicial en Bolivia. Con respaldo documentado, mostró los atropellos y arbitrariedades de que son objeto jueces, juezas y magistrados/as del país, por parte del Consejo de la Magistratura, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional, a través de sus decisiones ilegales y erráticas; todo bajo directrices del Órgano Ejecutivo y basados en una declaración de provisionalidad adoptada por el Gobierno, sin tomar en cuenta a aquellos que ingresaron previa formación en la Escuela de Jueces del anterior sistema, desoyendo las directrices expresas de la CIDH y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al respecto han expresado: “(…) que la provisionalidad indefinida y en ausencia de garantías de estabilidad para un operador de justicia conlleva el riesgo de que tome sus decisiones solo con el objeto de complacer a la autoridad de la cual depende la renovación de su nombramiento o permanencia en el cargo, generando, por lo tanto, una duda objetiva sobre la posibilidad efectiva de que puedan participar de manera independiente en los procesos, sin temor a represalia”. Sobre la cuestionada falta de transparencia en la designación de autoridades judiciales, ha expresado: “La Comisión Interamericana observa con preocupación que algunos procesos de selección y nombramiento de las y los operadores de justicia no están dirigidos a garantizar que obtengan los puestos quienes tengan mérito o mejores capacidades profesionales, y pueden llegar a estar motivados por cuestiones de carácter político”, por lo que “(…) a efecto de garantizar que tanto el mérito personal como la capacidad profesional sean adecuadamente valorados y en condiciones de igualdad dentro de los procesos de selección y nombramiento, resulta sumamente conveniente que se establezcan criterios objetivos para determinar con precisión su contenido. Dichos criterios deberían a su vez estar consagrados en instrumentos normativos del Estado para asegurar su observancia y exigibilidad”. Obviando estas recomendaciones y en su afán de copamiento político de todo el sistema de justicia, se han adoptado medidas arbitrarias como el despido de jueces sin previo proceso, siendo el operador discrecional el Consejo de la Magistratura para la designación en los cargos, por recomendaciones partidarias y/o, como se dice en pasillos de tribunales, previo pago en efectivo, generando mayor desprestigio y desconfianza en la sociedad, siendo pocos los que ingresaron de la primera promoción de la nueva Escuela de Jueces. Todo lo expuesto no pudo ser rebatido por la delegación oficial del Estado. Vergonzoso.





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