En sus olímpicos esfuerzos para mantenerse en el sillón presidencial, alcanzado a raíz de un golpe institucional, Michel Temer da reiteradas muestras de considerar que, en esa lucha, cualquier arma es buena.

En vísperas de enfrentar la segunda denuncia presentada por la Procuraduría General de la República, esta vez por formación de bando criminal y obstrucción de la Justicia, Temer una vez más transformó su despacho en un balcón de negocios. Recibe a diputados, oye sus demandas, negocia la liberación de recursos (desviados, por cierto, de su destino inicial), la distribución de cargos y puestos, así como el envío al Congreso de medidas de interés de grupos económicos o religiosos, en especial los de sectas evangélicas fundamentalistas.

El lunes, de manera inesperada, Temer decidió acatar una antigua reivindicación de los grandes terratenientes brasileños: aprobó medidas que dificultarán, cuando no imposibiliten, la fiscalización y la punición de los responsables por trabajo esclavo o en situación análoga a la esclavitud. Con eso espera asegurarse los votos favorables de la llamada “bancada ruralista”, que reúne a más de 200 de los 531 diputados, y que representa intereses propios (muchos de ellos son grandes propietarios rurales) y de todo el sector del agro negocio.

Hubo protestas inmediatas, dentro y fuera del país. El más contundente partió de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), que en una dura nota afirmó que el país “deja de ser referencia global en el combate al trabajo esclavo y pasa a ser ejemplo negativo”. Además, advierte que la medida es ilegal, porque altera lo que determina el Código Penal brasileño. 

Para la OIT, la legislación anterior contenía puntos considerados ejemplares, que ahora fueron anulados o neutralizados. Antes, se consideraba que “jornadas exhaustivas y en condiciones degradantes” configuran situación análoga a la esclavitud. La nueva determinación de Temer dice que no, y que la fiscalización solo podrá sancionar al empleador cuando haya “restricción de libertad”. No aclara qué sería “restricción de libertad”, o sea, prevalecerá el criterio del empleador. 

Antes, impedir que alguien abandone determinado lugar en que es forzado a ejecutar tareas en situaciones degradantes era esclavitud. A partir de ahora, solo será esclavitud cuando se emplee el uso de la fuerza o haya vigilancia armada para impedir que el trabajador abandone el local. 

La legislación anterior determinaba la divulgación, a cualquier momento, de una “lista sucia” con los nombres de los sancionados por emplear mano de obra esclava. Esa lista era elaborada por el cuerpo técnico del Ministerio del Trabajo, sin injerencia alguna. Ahora, divulgarla pasa a ser de competencia exclusiva del titular de la cartera de Trabajo. Si decide mantenerla bajo sigilo, nadie sabrá quienes la integran. 

Antes, los integrantes de la lista eran obligados a pagar deudas laborales e indemnización a las víctimas. Además, su nombre quedaba registrado por al menos un año. Ahora, los que practiquen trabajo esclavo ya no tendrán ninguna obligación frente a sus víctimas. Los pobres miserables tendrán que recurrir, por su cuenta, a la justicia, lo que jamás ocurrirá.

Desde la llegada de Michel Temer y su grupo al poder, las presiones de los “ruralistas” no hicieron más que aumentar. Como consecuencia, el combate al trabajo esclavo perdió fuerza (...).

(Tomado de Página 12)