La población boliviana fue ingratamente sorprendida con el nuevo intento del Gobierno de Evo Morales de alterar el orden constitucional, con el fin de perpetuarse en el poder que detenta durante tres gestiones, gracias a la decisión complaciente de autoridades judiciales que no tuvieron reparo en sacrificar su dignidad humana y profesional para satisfacer los caprichos del presidente, autoridad para la que la democracia y la independencia de poderes son cuentos del imperio norteamericano.

La nueva arremetida contra la democracia viene disfrazada de un discurso de defensa de los derechos humanos fundamentales, como los derechos políticos reconocidos por la Constitución Política del Estado y tratados internacionales ratificados por el país. Afirman que la Constitución contendría normas atentatorias a los derechos políticos, entre otras referidas a la reelección indefinida de Presidente, Vicepresidente, gobernadores, alcaldes, etc., lo que sería contrario a lo dispuesto por el Pacto de San José de Costa Rica.

De manera por demás burda e irrespetuosa de la voluntad popular expresada en el referendo de 21 de febrero de 2015 que dijo No a la reelección, se busca revertir los resultados a través del recurso de inconstitucionalidad abstracta. Su alegato sobre el derecho a la igualdad del Presidente y Vicepresidente que se estaría vulnerando raya en los límites de lo absurdo, porque pasa por alto el hecho de que quienes ejercen el poder político de un país se hallan en situación de gran ventaja con relación ciudadanas/os que se encuentran en el llano. Las limitaciones que la Ley Electoral y la propia Constitución incorporan responden a la comprensión de esa desigualdad de poder que se genera entre gobernantes y gobernados. En este sentido, el Art. 32.2 de la Convención Americana señala que “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática”. Las bases de esta, a decir de la Carta Democrática Interamericana, son: respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto; régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos, aspectos que la angurria de poder ilimitado no conoce.

En suma, el recurso es un manoseo grosero de los derechos humanos para adecuarlos a sus intereses, cuando lo que siempre han demostrado ha sido un soberano desprecio por estos.