Desde que, hace 12 días, el Parlamento de Cataluña aprobara la ley que sustenta el referendo soberanista convocado para el 1 de octubre y acto seguido el Gobierno de Mariano Rajoy la tumbara, el Estado español pasó a ser escenario de una lucha encarnizada en nombre de eso que pocos entienden, pero todos llaman democracia. Desde el Partido Popular (PP) —y también desde el socialista (PSOE)—, cada golpe lanzado hacia el Govern catalán se justifica por “la legítima defensa de la democracia”, considerando que el plebiscito por la autodeterminación vulnera la Constitución española; mientras que, del otro lado del ring, los portavoces soberanistas se levantan también al grito de una violación a “sus derechos democráticos fundamentales”.

¿Qué es lo democrático y qué lo antidemocrático? En España no parece nadie capaz de responderlo, o más bien, todos parecen capaces, de acuerdo a sus intereses y convicciones ideológicas. Entre los miembros del equipo de Rajoy no caben dudas: la celebración del referendo comporta un delito, ya que desobedece la suspensión que del mismo efectuó el pasado 7 de septiembre el Tribunal Constitucional y, por tanto, todo acto relacionado con la convocatoria independentista también ha de ser objeto de sanción. En esta línea, el Presidente desplegó durante estos diez días un operativo policial y judicial sin precedentes para impedir que se publique propaganda de la votación en medios catalanes —autorizando la intervención de diversas redacciones, requisando material y amenazando a periodistas—, así como la colaboración de los alcaldes en la organización de la consulta —el Fiscal general del Estado imputó a los 712 intendentes que apoyan la independencia. “La Fiscalía y la justicia han empezado a actuar y la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos, que son policía judicial, están a las órdenes de la Fiscalía y defenderán la ley”, aseguró Rajoy en la junta directiva de su partido en Cataluña. El jefe del Ejecutivo se mostró, además, orgulloso por una de las redadas que los cuerpos de seguridad llevó a cabo este fin de semana: “Hay que felicitar a la Guardia Civil, que ha requisado más de 100.000 carteles de propaganda de la Generalitat cerca de aquí”, espetó ante su equipo catalán.

Al endurecimiento de las medidas judiciales y policiales avanzado por Rajoy se sumó la decisión de este viernes en el consejo de ministros de intervenir las cuentas de Cataluña como castigo por haber dejado de recibir un informe semanal con los gastos de la región, tal como el Gobierno central lo había solicitado el pasado julio, al detectar un desvío no justificado en la partida de organización y seguimiento de actos electorales de la Generalitat. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que los 1.400 millones de euros mensuales que le corresponden a Cataluña en el reparto del presupuesto estatal, ahora solo se pagarán mediante factura que detalle a qué se van a destinar y así, según el Ministro, el sistema de pagos permitirá que el Estado sustituya a la comunidad autónoma “no completamente, pero sí bastante”. Tal como expresó en rueda de prensa, el nuevo mecanismo hará que “ni un euro vaya a ninguna actividad ilegal” y garantizará los “objetivos de estabilidad presupuestaria”. “Todo el mundo va a cobrar en plazo y lo hacemos en función de la seguridad que da el Estado ante la incertidumbre que crean varias posiciones políticas”, aseveró Montoro.

La ofensiva que el Partido Popular desplegó en tan solo doce días se completa con la imputación del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, del vicepresidente, Oriol Junqueras y de 12 consejeros del Govern por desobediencia, prevaricación y malversación (...).

(Tomado de www.pagina12.com.ar)