La desaparición de Santiago Maldonado, visto por última vez cuando huía de la Gendarmería argentina tras una manifestación mapuche, se ha convertido en un arma arrojadiza contra el Gobierno, pero ha amplificado los reclamos de los pueblos indígenas, que libran una larga disputa territorial.

"¿Dónde está Santiago Maldonado?" es una pregunta diaria en las conversaciones, en los debates televisivos y hasta en los muros de las calles de Argentina, más de un mes después de que trascendiera que el joven artesano, que se manifestaba a favor de los mapuches en el sur del país, estaba en paradero desconocido.

Su búsqueda se ha convertido en una prioridad para el Gobierno de Mauricio Macri ante la presión de la opinión pública y sobre todo de las asociaciones de derechos humanos, con el recuerdo vivo en la memoria de las desapariciones forzadas de la última dictadura (1976-1983).

Sin embargo, el caso ha sacado a la luz un conflicto histórico en Argentina y olvidado por las agendas oficiales y mediáticas: el reclamo por parte de los pueblos originarios de las tierras que les fueron usurpadas por el Estado.

"Lo que hay detrás de todo es un conflicto territorial que tiene que ver con la falta de reparación de las tierras a las comunidades indígenas", explica en una entrevista con Efe Rodrigo Solá, presidente de la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI).

En 1994, el Gobierno argentino aprobó una modificación de la Constitución en la que reconoció la preexistencia de los pueblos originarios al Estado y la propiedad comunitaria de las tierras que ocupaban en ese momento. Además, en 2006 se promulgó una ley que declaraba la emergencia "en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país" y que suspendía la ejecución de sentencias que implicaran el desalojo o desocupación de esos lugares.

La ley ordenaba relevar todo el territorio para establecer qué tierras correspondían a cada comunidad y quedaban inmunizadas ante los desalojos, aunque, según denuncia la AADI, una década más tarde sólo un tercio de los pueblos originarios tiene títulos de propiedad de sus tierras.

Según Solá, la escasa aplicación de esa ley ha provocado que los desalojos, en lugar de frenarse, se hayan intensificado en cantidad y virulencia.

El conflicto por la recuperación de las tierras indígenas se da sobre todo en los territorios que el Estado vendió a individuales, a familias o a grupos empresariales antes del reconocimiento constitucional a los pueblos originarios.

Precisamente, la comunidad mapuche Lof Cushamen -por la que se manifestaba Maldonado cuando desapareció- mantiene un conflicto desde hace años con la firma textil italiana Benetton, que posee un terreno dedicado a la ganadería ovina de casi 1 millón de hectáreas en la Patagonia desde 1991.

Hace dos años, el Lof Cushamen montó un campamento dentro de los límites de las fincas de Benetton, en la localidad de El Bolsón, en la provincia sureña de Río Negro, con el objetivo de recuperar hasta 500 hectáreas que reclaman como suyas.

Tal y como señala Soraya Maicoño, portavoz de la comunidad, Benetton fue ampliando con los años y de forma impune los límites de su finca, por lo que decidieron recuperar a la fuerza parte del territorio, amparados en la ley de 2006.

Así, desde 2015 se vienen sucediendo reyertas cada vez que se producen intentos de desalojo tanto por parte de las fuerzas de seguridad del Estado como por parte de la seguridad privada de la compañía, que exhibe sus veinte años de presencia en la zona como argumento suficiente para expulsar a los indígenas.