El senador opositor Arturo Murillo denunció un daño económico al Estado en al menos 39 millones de euros ($us 44.3 millones) en la compra de radares a la empresa Thales de Francia, al no haberse cobrado la boleta de garantía por incumplimiento de contrato.
El legislador indicó que el entonces ministro de Defensa, Reymi Ferreira, modificó el contrato para que se evite el cobro de la boleta de garantía. Agregó que Bolivia desembolsó todo el dinero para la compra de los radares y hasta el momento se desconoce qué ha sucedido con éstos.
"Habían boletas de garantía que no se han ejecutado, causando un daño económico al Estado por las boletas; primero, por la buena ejecución del proyecto; segundo, por ejecución del contrato y de garantía a los 39 millones de euros que se habían desembolsado", manifestó Murillo.
Remarcó que pese al desembolso realizado, "hoy día no se sabe qué pasó con los radares que se han comprado a esta empresa, y obviamente Bolivia está absolutamente sin ningún respaldo de la plata que ha desembolsado".
"Alrededor de 291 millones de bolivianos se han transferido a la empresa que vende los radares a Bolivia", apuntó.
Murillo indicó que Ferreira debe explicar qué es lo que ha pasado con los contratos y el actual ministro Javier Zavaleta debe informar sobre qué acciones tomó sobre este daño económico al Estado.
"Resulta que tenía que hacerse en 40 meses (el proyecto) y ya se cumple en agosto de 2019; no hay garantías, no hay boletas, sin embargo, se han desembolsado todos los recursos, ha pasado lo mismo que ha sucedido con las barcazas chinas, hemos desembolsado dinero y no hay barcazas", refirió.
El senador indicó que el contrato para la compra de los radares franceses se firmó en 2016 y hasta el momento no se los ha visto.
Adelantó que presentará la denuncia ante la fiscalía por existir supuestamente daño económico al Estado.
En agosto de 2016, el Gobierno firmó la compra de 13 radares de última generación a la francesa Thales, para que sean parte de un sistema integrado civil y militar que servirá para proteger la soberanía área y fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el contrabando.