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  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
  • Actualizado 15:53

Aplicarán detención preventiva para casos excepcionales

Aplicarán detención preventiva para casos excepcionales

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, aseguró que con la nueva Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de Lucha Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, la detención preventiva será una excepción, debido a que la medida será aplicada sólo en casos justificados.

"Debido a que la población litigante ha convertido las audiencias de medidas cautelares en mini-juicios y han entendido que la determinación de detención preventiva es la sentencia. Estas dos erradas comprensiones han generado el hacinamiento carcelario.

Después de la detención preventiva, los denunciantes descuidan el proceso, olvidan las razones que fundaron su denuncia, generando incremento de la carga procesal y saturación directa en el sistema" afirmó Lanchipa.

La máxima autoridad del Ministerio Público aseguró que la detención preventiva es producto de la desnaturalización del proceso penal, pero con la nueva Ley los fiscales que soliciten la medida deberán fundamentar debidamente su pedido, además de señalar el plazo de la detención preventiva y los actos investigativos que se realizarán en dicho término.

De acuerdo a la nueva norma, la detención preventiva no procede en delitos de acción privada; delitos que tengan una sanción igual o mayor a cuatro años de privación de libertad, delitos de contenido patrimonial cuya sanción sea igual o menor a los seis años, además cuando se trate de personas que padezcan enfermedades terminales o sean mayores de 65 años, mujeres embarazadas, cuando una persona tenga la custodia de un menor, entre otros.

Se aplica la detención preventiva cuando se trata de delitos de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la Patria y crímenes de guerras. Delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores y otras.

Datos del año 2018, revelan que se contaba con una población de 19.695 personas privadas de libertad, de las cuales 7.666 contaban con sentencia condenatoria y 12.029 eran los detenidos preventivos, es decir que un poco más del 60 por ciento son detenidos preventivos, sin sentencia condenatoria.