Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
  • Actualizado 11:54

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

TCP admite acción contra de la Ley de Empresas Sociales

La diputada Fernanda San Martín cuestiona al menos una decena de artículos de la norma.
TCP admite acción contra de la Ley de Empresas Sociales


El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la acción de inconstitucionalidad abstracta en contra de siete artículos y dos disposiciones transitorias de la Ley 1055 de Creación de Empresas Sociales, informó la diputada accionante Fernanda San Martín, de Unidad Demócrata.

"Finalmente se ha admitido el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Creación de Empresas Sociales. Hay varios puntos que planteamos su inconstitucionalidad", declaró San Martín a ANF al referirse a la norma que está vigente.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) impulsó la presentación de la acción de inconstitucionalidad abstracta en contra de varios artículos de la Ley 1055 de Creación de Empresas Sociales, a través de la diputada San Martín. Mediante este recurso judicial, presentado el 8 de enero de 2019, la organización pide la suspensión de la aplicación de la norma hasta que se resuelva la acción, porque considera que su vigencia "puede ocasionar daños irreparables" al patrimonio de sus afiliados, sus actividades, negocios y la propia economía de las empresas o a los derechos de terceros.

La CEPB, considera que algunos contenidos de los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 11, además de las disposiciones adicionales tercera y cuarta de la norma violan derechos humanos y garantías, asimismo los principios constitucionales, como la igualdad y no discriminación, la protección a la propiedad privada, la libertad de empresa, libre asociación, circulación, garantía del debido proceso, derecho a la defensa y el principio de impugnación, entre otros.



DERECHOS El objetivo de la acción es precautelar los derechos de todos quienes participan en la cadena productiva y establecer equilibrios entre los derechos de los trabajadores y de los empresarios, en particular de los pequeños y medianos inversores, porque sería la base social más afectada por la norma.

San Martín anticipó que, en próximos días, viajará a la ciudad de Sucre para el seguimiento a este caso, más aún porque proyecta presentar otro recurso.