El presidente en ejercicio Álvaro García Linera dijo ayer que el exmandatario Carlos Mesa lanza un "señuelo" en el caso Quiborax para "despistar" la atención del tema central, que derivó en el pago de 42.6 millones de dólares por el Estado a esa empresa chilena.

"Carlos Mesa saca esta información como un señuelo para despistar de un tema central, que es el siguiente. Qué bien que se haya recuperado el año 2004 estas áreas del Salar de Uyuni, qué bien, es lo mínimo que se podía esperar. Qué mal que se lo haya hecho de mala manera", indicó.

Mesa denunció que un asesor del Gobierno de Chile que también operó en defensa de la empresa chilena Quiborax, “pactó” con el procurador boliviano, Pablo Menacho, el resarcimiento económico.

García Linera manifestó que Mesa debe recordar que Chile en la actualidad es como fue Bolivia en anteriores gobiernos, cuando los miembros del gabinete y los funcionarios públicos de "alta envergadura" eran a su vez empresarios. "No debería extrañarle a Mesa porque eso en su Gobierno sucedía normalmente, defensores de cosas públicas eran defensores de privados", aseguró.

El Mandatario explicó que el tema de fondo no es que un abogado de Quiborax trabaje para el Estado chileno y el sector privado, sino por qué un Presidente (Carlos Mesa) en lugar de usar un procedimiento que corresponde para recuperar los recursos naturales usó otro "que no era legal".

FISCALÍA El martes, Mesa acusó al procurador Pablo Menacho de haber “pactado” el pago de la multa en un proceso que se desarrolló en base a un documento falso.

Menacho respondió ayer que la investigación al expresidente Carlos Mesa continuará su curso en la Fiscalía General del Estado para determinar la responsabilidad de su Gobierno en el caso Quiborax.

La autoridad dijo que no se puede revertir la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) y que la misma no se basa en el documento del acta falsificada de Quiborax que Mesa presentó en la Fiscalía General, sino que dicha decisión fue tomada a partir del incumplimiento de normas durante su Gobierno y la emisión de un decreto "ilegal" que expropió las concesiones de Quiborax.

El Procurador dijo que Mesa "no hizo elaborar las seis auditorías que tenían que llevarse adelante, no llevó adelante el procedimiento de nulidad de concesiones mineras, tal cual lo establece el Código de Minería y no cumplió el plazo establecido por la ley que era un plazo perentorio de 60 días. Encima de eso emite un decreto ilegal, que es el 27589 por el cual expropia las concesiones mineras de empresas chilenas. Ese es el motivo y la razón principal por la cual el tribunal del CIADI emite su laudo, no es por el tema de la falsificación del acta".

Multa

El CIADI obligó a Bolivia a pagar una multa de 42.6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax, por la reversión de concesiones.