El Concejo Municipal de Cochabamba se convertirá en parte querellante en el caso mochilas. Ayer, el pleno aprobó una resolución que autoriza al presidente, Iván Tellería, para que nombre a un representante (abogado).

Con ese mandato, el Órgano Deliberante cumple con lo que señala la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, que en su artículo 14 (Obligación de Constituirse en Parte Querellante) define que “la máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o las autoridades llamadas por ley, deberán constituirse obligatoriamente en parte querellante de los delitos de corrupción y vinculados, una vez conocidos éstos, debiendo promover las acciones legales correspondientes ante las instancias competentes. Su omisión importará incurrir en el delito de incumplimiento de deberes y otros que correspondan, de conformidad con la presente ley”.

Tellería señaló que están cumpliendo con la norma y el Concejo se convertirá en parte acusadora.

Añadió que van a delegar a un representante que se tiene que apersonar al Ministerio Público, a la Contraloría y a todas las instancias que investigan el caso de mochilas.

El concejal Carlos Coca, uno de los más cuestionados por su propia bancada, sostuvo que “las cosas están claras”. “Una secretaria (Andrea García) dice que algunas autoridades que están fuera del país son culpables de las mochilas”.

Acotó que, ahora, se debe llegar “al fondo del caso”.

CUMPLIMIENTO El concejal de UNICO, Edwin Jiménez, señaló que el Órgano Deliberante tenía que cumplir con la Ley Anticorrución y ejercer su rol de querellante.

“Debe quedar claro que no seremos coadyuvantes en el proceso por la compra de las mochilas, sino acusadores. Es una obligación legal”.

La denuncia de un posible sobreprecio en la compra de las mochilas y el material escolar para la presente gestión la hizo la concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rocío Molina, el 3 de abril.

El 6 de abril, el Ministerio Público recibió el caso y abrió un proceso.

El principal acusado es el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, quien permanece con detención domiciliaria, arraigo, prohibición de comunicarse con los funcionarios municipales y, además, tuvo que pagar una fianza de 200 mil bolivianos.

Hay seis instituciones que actúan en los procesos denominados Mochilas I y II, referidos a la adquisición del material escolar chino en 2018 y 2017, respectivamente.

Están la Alcaldía de Cochabamba, el Concejo Municipal, el Ministerio Público, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, la Procuraduría General del Estado y la Contraloría General del Estado.

Audiencia

Este viernes, el alcalde José María Leyes tendrá una audiencia. Buscará que las autoridades judiciales le permitan trabajar.